“Iremos a los tribunales si no se nos aplica la carrera sanitaria”

Las Cortes de Castilla y León aprobaron este miércoles 13 de marzo, por unanimidad de todos los partidos, modificar la Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria para reconocer como personal sanitario a los veterinarios y farmacéuticos que trabajan para la Junta pero no para el Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl). Además, en el mismo pleno, se aprobó la implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración.

En declaraciones para Animal’s Health, el presidente de la Unión Sindical de Castilla y León (Uscal), Juan Carlos Alonso, el sindicato del colectivo de profesionales no asistenciales que más se ha movilizado para sacar adelante estos proyectos de ley, considera que lo conseguido —que se reconozca como profesionales sanitarios de salud pública a todos los veterinarios de la Junta— es un avance.

“Hay un número importante de profesionales, en Castilla y León son unos 600, que trabajamos fuera del ámbito de la Consejería de Sanidad, concretamente en la de Agricultura y Ganadería, a los que no se nos reconocía la condición de sanitarios por no ser parte de una demarcación sanitaria a pesar de contar con una titulación sanitaria y ejerciendo unas funciones sanitarias”, explica Alonso, que celebra que esto se haya conseguido.

Sin embargo, apunta que aún quedan frentes abiertos para los que tendrán que “mantenerse alerta”, principalmente referentes al reconocimiento de la experiencia y la carrera profesional. El presidente de Uscal explica que en Castilla y León no se reconocía el derecho a la carrera profesional para ningún funcionario exceptuando a los que pertenecían al Sacyl, pero ahora sí. A esto se suma, además, otro “logro”, y es que en las oposiciones se reconocerá la antigüedad a la hora de establecer el grado de carrera profesional que corresponde a cada funcionario.

Pero la actitud de Alonso no es todo lo triunfante que podría ser debido a algunos flecos del proyecto de ley. “No hemos conseguido exactamente lo que queríamos, que es que la propia ley contemplara el desarrollo profesional específico del personal sanitario para los veterinarios”, manifiesta. Una posición similar a la que mantenía el secretario general del Sindicato de Técnicos de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Secundino Ortuño.

En este punto, Alonso explica que al no estar aclarado en la ley queda a “un criterio interpretativo” qué carrera profesional corresponde. “Nosotros defendemos que nos corresponde la carrera profesional sanitaria”, afirma, y asegura que si en los próximos meses, cuando finalice el desarrollo reglamentario del proyecto de ley, no se les reconoce la carrera profesional sanitaria se plantearán acudir a los tribunales, si el dialogo no es suficiente. "Siempre nos quedarían los tribunales de justicia para conseguir algo que creemos que es lógico", sostiene.

“Es una cuestión de fuero”, sostiene Alonso, que explica que aunque la diferencia retributiva de los complementos de carrera profesional de la Función Pública y la sanitaria no va más allá de los 1.000 euros anuales, tiene un valor simbólico por el que están dispuestos a luchar.  “La carrera profesional de un docente, de un sanitario o de un administrativo tienen que ser distintas”, sostiene, y por ello afirma que su carrera la deben establecer las administraciones sanitarias y no la Administración de Función Pública.

Si finalmente tienen que litigar, Alonso considera que, aunque existe una “duplicidad”, pues tanto el proyecto de ley de Salud Pública y el de acceso a la carrera profesional de la Función Pública les aplican sendas carreras profesionales, la legislación estatal “es clara”.

De hecho, afirma que se han asegurado de que las dos leyes estatales que aplican en este ámbito estén incluidas en el proyecto de ley de Salud Pública de la Junta. Concretamente hace referencia a la Ley general de Salud Pública, que sostiene que a los profesionales de la salud pública le será de aplicación lo establecido en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que a su vez establece que a cada trabajador de la administración pública le aplicará la “correspondiente carrera profesional”.

El presidente de Uscal solamente ve un escollo legal, y es que las demarcaciones sanitarias en las que trabajan los veterinarios oficiales no están consideradas como centros sanitarios, algo que consideran “demencial”, cuando, por ejemplo, una óptica y una ortopedia sí que lo están.

A pesar de esto Alonso considera que la ley está de su lado al ser considerados ya como profesionales de salud pública, “un primer paso”. De hecho, Alonso recuerda que el hecho de que las leyes de la Junta no recogieran este reconocimiento les costó en 2010 perder un juicio, al considerar el tribunal en su sentencia que la carrera profesional sanitaria no era de aplicación al no estar trasladada a la normativa autonómica.

“En ese momento no recurrimos porque era época de crisis, no había dinero y veíamos que esto no iba a llegar más lejos”, apunta Alonso, que insiste en que esta vez, con este respaldo, no dudarán en optar por la vía judicial si el diálogo y la presión sindical no son suficientes.