El sector agroganadero rechaza la nueva normativa de venta a pérdidas

Desde las asociaciones Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias han emitido un comunicado porque consideran “compleja, subjetiva y arbitraria” la nueva normativa que prohíbe la “venta a pérdidas” en el sector agroalimentario y vaticinan serios problemas jurídicos para que cualquier posible infracción derive en apertura de expediente. 

En este sentido, organizaciones agrarias y cooperativas consideran que se ha dado un “paso hacia atrás inaceptable” en la eliminación de esta perniciosa práctica, al tiempo que lamentan que se hayan impuesto las tesis del Ministerio de Comercio frente a las de Agricultura.

En primer lugar, consideran que “se ha legislado en contra de las propuestas del sector agrario. Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias habían planteado que la prohibición de la “venta a pérdidas” se realizara vía modificación de la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria. El propio Ministro de Agricultura, Luis Planas, había hecho público este compromiso de forma reiterada y finalmente no ha sido así”.

Y es que, el pasado 7 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en la Industria y Comercio, que incluye la prohibición de las “ventas con pérdida” o “ventas a pérdidas” en supuestos en que se consideren prácticas desleales.

Todo ello es derivado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de octubre de 2017, dictada en el asunto C-295/17, que obliga al Gobierno español a reformular el ordenamiento jurídico para darle acomodo. Sin embargo, “la sentencia no obliga a modificar únicamente la disposición afectada, sino que deja libertad al Ejecutivo para cambiar aquellas disposiciones legislativas que estime oportuno”, argumenta el sector agropecuario.

Por ello, consideran que “se ha dado un paso hacia atrás en la eliminación de esta perniciosa práctica. Lo que teníamos hasta la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE era una prohibición general de venta a pérdida al consumidor y bastaba con demostrar que el precio de venta era inferior al precio de compra (factura contra factura). Ahora, no sólo debe darse esto último sino que hay que demostrar que la práctica tiene carácter desleal”.

De esta manera, “se complica enormemente la denuncia de esta práctica porque la norma gana en complejidad, subjetividad y arbitrariedad. En la práctica, es inútil para proteger al sector productor, que queda fuera del ámbito de esta normativa, hecho que se hubiera subsanado de haberse introducido en la Ley de cadena, como propone el sector productor. Además, los supuestos que definen la deslealtad de la práctica son interpretables y generan indefinición jurídica, lo que hace más difícil la aplicabilidad de la norma”.