Absuelto el veterinario de los perros que mataron a un hombre en Salamanca

El propietario de los cuatro perros que mataron a un vecino en Santa Marta —localidad de Salamanca— en febrero de 2017 ha sido condenado, por la Audiencia Provincial de Salamanca, a dos años y medio de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave. Asimismo, el condenado deberá indemnizar con 128.000 euros a la viuda y con 20.400 euros a cada uno de los hijos del fallecido.

Por su parte, la justicia ha absuelto al veterinario A.L.M., uno de los acusados principales, del delito de falsedad documental que se le imputaba. El fiscal pedía para este profesional sanitario 3 años de cárcel, así como el pago de una multa de 3.600 euros y dos años de inhabilitación.

Los hechos enjuiciados acontecieron el 26 de febrero de 2017, cuando la víctima pasaba por delante de la finca Los Galguillos, propiedad del condenado, quien era el dueño de cuatro perros de raza potencialmente peligrosa y se dejó las puertas abiertas. Los perros salieron de la finca y atacaron, como una manada, al vecino de Santa Marta.

Según recoge la Tribuna de Salamanca, A.L.M. adujó en su declaración: “soy un veterinario. A mí es el dueño el que me dice cuál es la raza del perro y si a mí no me ‘sale de ojo’, lo corroboro”. Asimismo, el veterinario ha defendido que los perros, por sus características, nunca le parecieron peligrosos.

“A mí me pagan y a correr, no me compensa falsificar nada, yo a cada vacuna le gano unos tres euros, iba a esa finca porque además tienen muchos galgos y vacunaba numerosos perros de una vez”, ha explicado A.L.M. durante el juicio. Al ser preguntado sobre si conocía los antecedentes del propietario, ha negado que les uniera ningún tipo de amistad.

La justicia ha dado la razón al veterinario al considerar que no ha quedado probado que de forma intencional faltase a la verdad al hacer constar en el pasaporte o guías caninas que fuesen de raza mastín, ni que tuviese como finalidad permitir que el propietario tuviese perros potencialmente peligrosos, cuya posesión no le está permitida por tener antecedentes penales por un delito contra la salud pública.