Una nueva proposición en el Congreso pide la derogación de la normativa sobre medicamentos veterinarios

El Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados ha registrado en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación una proposición no de ley para derogar la actual norma de uso de medicamentos, que para la formación supone “un perjuicio para los veterinarios y los propios animales”.

Esta se suma a otras proposiciones que se han presentado en la cámara baja en los últimos días, entre las que se incluyen una de Esquerra Republicana de Cataluña y otra del Bloque Nacionalista Gallego.

En este caso, Vox asegura que el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, es una norma “alineada con el Pacto Verde Europeo y, más concretamente, con la Estrategia de la Granja a la Mesa”, que tiene como objetivo reducir en un 50% las ventas de antimicrobianos para el año 2030.

Patricia Rueda, parlamentaria nacional de Vox por Málaga, ha denunciado que estas políticas “no son nuevas”, puesto que han sido “impulsadas por los sucesivos gobiernos y sus socios europeos para criminalizar a los ganaderos y ahora a los veterinarios”.

Así, Rueda explica que el Real Decreto, “muy criticado por las asociaciones profesionales de veterinarios y ganaderos”, supone una “grave limitación a su criterio técnico y una burocracia desproporcionada”, además de “sanciones económicas inasumibles”.

“La norma actual nada tiene que ver con el amor a los animales, sino que supone la desconfianza respecto de los profesionales veterinarios, además de un riesgo innecesario para la vida de los animales y un exceso de burocracia sin sentido”, añade.

Para la diputada, “es fundamental replantear esta normativa para garantizar que los animales reciben una asistencia veterinaria de calidad, basada en el criterio técnico profesional y no en restricciones burocráticas que ponen en riesgo su salud y bienestar”.

Con su proposición no de ley, Vox también solicita en el Congreso de los Diputados la elaboración de una nueva normativa que garantice la salud pública y los intereses del sector veterinario y ganadero, además de la implementación de mecanismos para reducir la carga burocrática que afrontan los profesionales veterinarios y ganaderos en su ejercicio diario.