Piden en el Congreso una moratoria del Real Decreto de medicamentos veterinarios

Las polémicas generadas por la entrada en vigor de algunos puntos del Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, siguen dando que hablar, tanto a nivel veterinario como a nivel político.

Y es que, además de las distintas proposiciones presentadas en algunos parlamentos autonómicos y encontronazos en el Senado, ahora se ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) relativa a la revisión del Real Decreto 666/2023 para incorporar las demandas del sector veterinario, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, la proposición ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil.

En el texto de la proposición se señala que el pasado 2 de enero entró en vigor la parte del Real Decreto por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, referida a la notificación de datos sobre prescripciones veterinarias de antimicrobianos, incorporándose así al derecho interno del Estado español el contenido del Reglamento Europeo 2019/6, que establece las normas relativas a la introducción en el mercado, la fabricación, la importación, la exportación, el suministro, la distribución, la farmacovigilancia, el control y el uso de medicamentos veterinarios.

“Tanto el Reglamento como el Real Decreto tienen por objeto garantizar un uso responsable y prudente de los antimicrobianos en animales, tanto de producción, ámbito en el que ya se lleva aplicando años, como en el caso de los animales de compañía, en una lucha contra las resistencias microbianas que provocan graves problemas en la salud humana”, señalan desde el BNG.

En este sentido, desde el BNG apuntan que es importante recordar que los tratamientos para animales de compañía representan menos del 1% de los antimicrobianos utilizados en medicina veterinaria y la lucha contra la resistencia “no es nada nuevo” para los profesionales del sector.

“Tanto es así que, con la implantación del PRAN (Plan contra las Resistencias a los Antibióticos), el uso de tratamientos antimicrobianos en explotaciones se redujo un 56% entre 2014 y 2020. Por su parte, la Organización Colegial Veterinaria ha confirmado que el Estado español ha sido el país en el que más ha descendido el uso de estos antimicrobianos en el conjunto de Europa, reduciéndose un 69,5% en sanidad animal en el periodo comprendido entre 2014 y 2022”, señalan.

“HA INCREMENTADO ENORMEMENTE LA BUROCRACIA EN LAS CLÍNICAS VETERINARIAS”

Así, explican, desde principios de año, de conformidad con el artículo 39.1 del Real Decreto 666/2023, los profesionales veterinarios han comenzado a tener que aplicar la nueva normativa en materia de notificación de datos sobre prescripciones veterinarias de antimicrobianos para animales de compañía.

“Este hecho ha incrementado enormemente la burocracia en las clínicas veterinarias sin tener en cuenta su realidad diaria y la falta de estructura para afrontar este incremento de trabajo rutinario y ha puesto sobre la mesa sanciones con cuantías económicas desorbitadas y desproporcionadas en caso de error o de que no se aplique con rigor una norma con la que no están de acuerdo”, critican.

De esta manera, apuntan que la principal queja de los veterinarios hace referencia a las medidas especialmente restrictivas impuestas, que en muchos casos son mayores que en el resto de la UE, “de modo que se reduce la flexibilidad y libertad de juicio clínico en el tratamiento de los animales, exigiendo el cumplimiento y aplicación de normas inaplicables en la práctica”.

En este punto, indican: “El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 únicamente exige al veterinario que realice un examen clínico o una evaluación adecuada del estado de salud del animal o grupo de animales antes de emitir una prescripción veterinaria”.

“Por el contrario, en el caso del RD 666/2023, a través de su artículo 33, se implementa la obligación de disponer de una prueba de laboratorio reciente para justificar el uso de determinados grupos de antibióticos, lo que implica un tiempo de espera para los resultados y un incumplimiento del criterio clínico del prescriptor, que queda totalmente restringido, despreciando la experiencia, los conocimientos académicos y el criterio de este colectivo”, remarcan.

Además, señalan que “es importante destacar que los veterinarios y veterinarias deben restringir sus prescripciones según lo establecido en las fichas técnicas de los medicamentos, sin poder elegir de forma razonada y según su propio criterio cuáles administran, lo que puede incrementar el desabastecimiento, dar lugar a excedentes innecesarios que los propietarios almacenarán en sus casas, así como incrementar los costes, hecho que se agrava al no poder administrar la dosis precisa del tratamiento para cada caso desde el botiquín veterinario de la propia clínica, salvo que se trate de medicamentos agotados en las farmacias cercanas”.

“En definitiva, las quejas hacen especial hincapié en la imposibilidad de actuar conforme a la normativa en el desarrollo diario de la actividad, pues implica acumular retrasos en el inicio de los tratamientos y, por tanto, graves consecuencias para los animales, además de una excesiva presión administrativa y sanciones que los profesionales no son capaces de asumir”, apuntan.

MORATORIA DEL REAL DECRETO HASTA ALCANZAR ACUERDOS CON LOS VETERINARIOS

Teniendo todo esto en cuenta, desde el BNG proponen establecer una moratoria a la aplicación del RD 666/2023, de 18 de julio, mientras se establecen canales de diálogo y comunicación con los profesionales veterinarios para alcanzar acuerdos para la revisión de su contenido.

También, ponen sobre la mesa la opción de modificar el RD 666/2023 para que el juicio clínico derivado de la cualificación que única y exclusivamente tiene el profesional veterinario por su formación específica prevalezca sobre la información contenida en las fichas técnicas de los medicamentos de uso veterinario.

Los nacionalistas gallegos proponen de igual modo revisar el RD 666/2023, de 18 de julio, para que se realicen cultivos bacterianos en aquellos casos en que el propio veterinario los considere necesarios para su labor veterinaria y para la prescripción del antimicrobiano correspondiente.

Otra de las propuestas del BNG es reformar el RD para que los veterinarios tengan la capacidad de elegir el antimicrobiano que consideren sin necesidad de escalar categorías de antibióticos en función de su eficacia, sin retrasar el tratamiento correcto y sin agravar el estado del animal en cuestión.

Por último, proponen permitir la venta de medicamentos necesarios para el tratamiento de los animales a través de las farmacias de las clínicas veterinarias, evitando el aumento de costes y reduciendo la presencia de sobrantes en los hogares.