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MADRID

PROFESIONALES

Veterinarios valencianos contra el decreto de guardias de la Comunidad

El Consejo Valenciano de Colegios Veterinarios ha emitido un comunicado, firmado también por instituciones colegiales médicas, de enfermería y farmacéuticas, mostrando su descontento con el decreto de guardias de la Comunidad Valenciana

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Ana Barceló Chico, consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana

Veterinarios valencianos contra el decreto de guardias de la Comunidad

El Consejo Valenciano de Colegios Veterinarios ha emitido un comunicado, firmado también por instituciones colegiales médicas, de enfermería y farmacéuticas, mostrando su descontento con el decreto de guardias de la Comunidad Valenciana

Redacción - 28-12-2018 - 11:00 H

Las instituciones colegiales de veterinarios, médicos, enfermeros y farmacéuticos, de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, han emitido un comunicado dirigido a la Conselleria de Sanidad autonómica, mostrando su malestar ante el decreto que pretende regular las guardias de los trabajadores de los centros de salud pública, la cual determina como deben actuar en los casos de intoxicación alimentaria grave o enfermedades que revistan de igual modo gravedad.

El Decreto de Alertas en Salud Pública ha generado polémica en el ámbito veterinario, entre trabajadores y sindicatos. Y es que, según se especifica en el comunicado, se considera “un agravio y un menosprecio” a los colegiados de las cuatro instituciones firmantes y personal estatutario de las administraciones, “al discriminarlos y establecer un sistema de alerta localizada, gravemente perjudicial, tanto en el aspecto concreto del modo de regularlo, como en la retribución que se establece”. En este sentido, este sistema de guardias sería remunerado con 250 euros como compensación por permanecer una semana entera constantemente localizable. Según se apunta, esta cuantía es mucho menor a la de otros trabajadores de la Conselleria de Sanidad, e incluso más baja que la cantidad que se abona en otras autonomías como la aragonesa, donde la compensación asciende a los 578 euros.

Ante esto, se apela a que “se subsane de forma inmediata tal discriminación, y en igualdad de condiciones” se regule y se establezca “un sistema de alertaguardia en la Dirección General de Salut Pública, que respete los derechos de los profesionales”, también, se añade, que se les “compense digna y adecuadamente a las importantísimas funciones, y a las altas responsabilidades que diariamente soportan”.

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