Más de 200 plazas para veterinarios se perderán si no se convocan este mes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado este martes a la Junta de Castilla y León que incluya en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2021 la convocatoria pendiente de las 405 plazas de promoción interna de 2017 y 2018 (240 y 165, respectivamente) para personal laboral, y las 216 plazas de veterinarios y farmacéuticos de las OPE de esos mismos años. Todas ellas (621 plazas) caducan el próximo 31 de diciembre, y se perderán si no se convocan.

Para CSIF, sería “muy grave la pérdida de esas plazas, por los serios perjuicios que provoca a los trabajadores que esperan mejorar su puesto de trabajo, o a las numerosas personas que llevan años preparándose para opositar y obtener una de esas plazas”.

Junto a esas 621 plazas de las OPE de 2017 y 2018, que desde CSIF señalan “que la Junta no debe dejar que se pierdan”, también siguen pendientes todas las convocatorias de las OPE de los años 2019 y 2020 en la administración general y especial de la administración autonómica (funcionarios y personal laboral), es decir, 2.144 plazas.

Estas son algunas de las razones, entre otras, que ha llevado a CSIF a abstenerse en el Consejo de la Función Pública que se ha celebrado este martes 30 de noviembre, en el momento de votar la propuesta de la OPE de 2021 de la Junta de Castilla y León, de 3.600 plazas totales, entre libre acceso (3.300) y promoción interna (300).

PLAZAS PENDIENTES

El responsable del Sector Autonómico de la Administración General de la Junta (AGCyL), Mariano Prieto, afirma que si finalmente se pierden esas 621 plazas pendientes, “por dejación o incompetencia de quienes tienen que sacar adelante las convocatorias, habrá que pedir responsabilidades al consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, y emprender acciones legales, porque es el incumplimiento de un derecho y una oportunidad para cientos o miles de personas, con serias consecuencias personales y familiares”.

La OPE pendiente de 2017 ya habría quedado anulada hace un año, si no hubiera sido por una prórroga automática excepcional que permitió y aprobó el Gobierno de España, en el RD-Ley 23/2020, señala Prieto. “No estamos para perder sino para sumar, para ganar empleados públicos. Estamos para que se cumpla con la ley”, insiste, y recuerda que hay un plazo de tres años para hacer efectivas las convocatorias previstas en una OPE.

“Estos incumplimientos en las convocatorias de plazas de 2017 y 2018, suponen —además— un fuerte varapalo para los procesos de estabilización laboral y de reducción de la temporalidad, promovida por las propias administraciones, incluyendo la del Estado. Son varias las solicitudes realizadas por este sindicato independiente, exigiendo que se saquen las convocatorias pendientes de promoción interna y de las plazas de veterinarios y farmacéuticos. La última reclamación es la dirigida a la directora general de la Función Pública, en un escrito presentado el pasado 17 de septiembre”, recuerda el CSIF.

El TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público) reconoce como un derecho del trabajador la promoción interna, para mejorar el nivel de su puesto de trabajo, insiste Prieto, “pero al personal laboral lo han dejado abandonado”.

SOSPECHAS

Asimismo desde CSIF sospechan que la Junta, “premeditadamente, pretende dejar caducar y perder esas plazas de 2017 y 20218 pendientes", algo que el responsable de AGCyL considera un "error político garrafal". "No se puede justificar su anulación. Resulta discriminatorio que en unos cuerpos y escalas se hayan convocado las ofertas de plazas y se hayan resuelto los procesos previstos y aprobados, y en otros casos, como ocurre con los veterinarios y farmacéuticos, no”, critica.

“Es cierto que hay una situación de interinidad que hay que resolver y solucionar”, considera CSIF, pero apunta que esas convocatorias de empleo público son de años anteriores, y están vinculados a leyes y acuerdos presupuestarios de esos ejercicios. "No se pueden olvidar y paralizar, como lo recuerdan las 500 firmas recogidas entre el personal laboral fijo, que exigen a la Junta el derecho y la oportunidad para cientos o miles de personas, con serias consecuencias personales y familiares", concluye Prieto.