Inspección de Trabajo da la razón a los veterinarios de Asturias y requiere a la Consejería de Medio Rural corregir graves deficiencias laborales

La Inspección de Trabajo ha dado la razón al Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (SIVEPA) tras constatar las deficiencias denunciadas en materia de prevención de riesgos laborales que afectan a los facultativos veterinarios adscritos a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias. Según informa el sindicato, el organismo inspector ha requerido a la Consejería que corrija de forma inmediata esta situación.

Desde SIVEPA sostienen que la Consejería lleva décadas incumpliendo las normas más básicas de prevención de riesgos laborales aplicables al personal facultativo veterinario. El sindicato explica que, tras denunciar reiteradamente estos incumplimientos ante la propia Administración, en septiembre de 2024 mantuvo una reunión con el consejero Marcelino Marcos Líndez, la secretaria general técnica Angelina Álvarez González y la directora general Rocío Huerta Miguel, en la que trasladó la existencia de un elevado riesgo laboral para estos profesionales y solicitó la adopción de medidas.

No obstante, el sindicato asegura que, tras ese encuentro, no se adoptaron actuaciones suficientes para corregir las deficiencias detectadas.

Ante esta situación, los delegados de prevención de SIVEPA presentaron en noviembre de 2024 una denuncia ante la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, al considerar que los facultativos veterinarios del Principado desempeñaban su labor sin que se cumplieran los requisitos más básicos en materia de prevención de riesgos laborales.

DEFICIENCIAS EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y EN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Según recoge la denuncia, pese a que desde 2001 es obligatoria la realización de una evaluación inicial de riesgos y su posterior reevaluación periódica en todos los puestos de trabajo, 25 años después la mayor parte de los puestos de veterinario oficial y coordinador veterinario seguían sin haber sido objeto siquiera de una evaluación inicial. Además, el sindicato señala que, en aquellos pocos casos en los que sí se había realizado, no se habían efectuado las reevaluaciones correspondientes.

La organización también denunció que, incluso en los puestos que disponían de evaluación de riesgos, no se aplicaban medidas preventivas básicas. En este sentido, sostiene que los facultativos sanitarios trabajan diariamente expuestos a riesgos biológicos derivados de zoonosis, desarrollan su actividad en terrenos de difícil acceso con presencia de artrópodos transmisores de enfermedades y manejan animales potencialmente peligrosos por su tamaño o comportamiento agresivo.

Pese a ello, el sindicato afirma que estos profesionales carecen, de forma generalizada, de instalaciones y medios tan básicos como duchas, vestuarios o ropa y calzado de trabajo.

Recientemente, SIVEPA ha recibido la notificación de la Inspección de Trabajo, en la que, según explica, se consideran acreditados los hechos denunciados y se informa de que se ha requerido a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria para que subsane de inmediato estas deficiencias. Sin embargo, el sindicato asegura que, hasta el momento, no se ha adoptado ninguna medida al respecto.

SIVEPA CRITICA LA FALTA DE SANCIONES A LAS ADMINISTRACIONES

El sindicato lamenta que las administraciones públicas, a diferencia de las empresas privadas, no puedan ser sancionadas por la Inspección de Trabajo por este tipo de infracciones, al no permitirlo la legislación vigente. Asimismo, critica que tampoco exista responsabilidad para los cargos políticos o responsables designados por la Administración.

En este contexto, SIVEPA considera que esta situación genera una situación de indefensión para los trabajadores públicos y denuncia lo que califica como una "hipocresía administrativa". Según expone, la consecuencia es que solo un accidente grave, una enfermedad profesional de gravedad o un fallecimiento derivado del trabajo podrían provocar la actuación de la justicia.

Por ello, el sindicato concluye que, si la situación no cambia, al colectivo únicamente le quedará recurrir a la movilización y al conflicto laboral para reclamar unas condiciones de trabajo que, a su juicio, deberían garantizarse de oficio y que, de tratarse de una empresa privada, ya habrían sido corregidas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.