La Fiscalía pide 3 años de cárcel para el expresidente de los veterinarios de Barcelona por apropiación indebida y falsedad documental

En 2018 se produjo el cese del presidente del Colegio de Veterinarios de Barcelona (COVB), Josep Antonio Gómez Muro, después de que Hacienda reclamara a la institución colegial 100.000 euros de IVA de unas facturas que ascendían a cerca de 1,5 millones de euros de las que la junta del colegio barcelonés no tenía conocimiento.

Animal’s Health ha tenido acceso al escrito de acusación de la Fiscal, en el que detalla lo ocurrido y establece su solicitud de penas para Gómez y el resto de implicados, entre los que se encuentra también el que era en esos momentos tesorero del colegio, Jorge Vilà.

De esta manera, se les acusa de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito continuado de apropiación indebida, existiendo entre ambos un concurso medial. Por todo ello, la Fiscal solicita las penas de tres años de prisión.

También piden la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, 9 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros, así como la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y costas. Además, los acusados deberán indemnizar al colegio con 1.430.913,02 euros.

La Fiscalía enmarca los hechos entre los años 2012 y 2016, y considera que los acusados habían ideado un plan, “con la intención de enriquecerse ilícitamente a costa del patrimonio del Colegio”.

Así, el presidente, como administrador único de la sociedad mercantil ligada al Colegio (Asesoría Fiscal Veterinaria, S.L.), junto al tesorero, abonaron a otros de los acusados, entre el 19 de enero de 2012 y el mes de octubre de 2016, “facturas mendaces” por obras no realizadas. De hecho, apuntan que las empresas de uno de los acusados a las que realizaban los pagos “ni tenían medios ni trabajadores para poder llevar a efecto las obras que supuestamente realizaron pero que efectivamente cobraron”.

Las facturas, explica la Fiscalía, estaban elaboradas por ellos mismos o por terceras personas a su ruego, y ascendieron a un importe total de 1.412.167,40 euros. Las facturas estaban relacionadas con obras no realizadas, que además no contaban con el conocimiento ni el consentimiento de la Junta de Gobierno ni de la Asamblea General de socios.

La Fiscalía incluye algunos ejemplos de los conceptos, que permiten comprender la magnitud de la operativa y en qué consistieron los presuntos delitos. Así, uno de ellos fue una supuesta “sustitución de los dowlights existentes por unos de nueva tecnología led, teniendo que retocar las placas existentes del techo sustituir cableado colocando regleta nueva y dejándolo en perfecto estado trabajando en horas festivas para no molestar al personal”. Por este concepto facturaron 69.575 euros.

Otras facturas fueron relativas a fijar el rótulo de letras del colegio en la fachada, para lo que facturaron 2.940,30 euros, o la sustitución de las placas del falso techo e instalación de nuevos focos, para lo que cargaron al colegio 52.973,80 euros.

La cantidad de facturas que recoge el escrito de acusación son numerosas, con conceptos como “revisión y cambio tornillerías de los cepos del garaje”, “sujeción de las estanterías existentes en el almacén”, “revisión de inodoros y grifos de agua en los baños” o “suministro y colocación de nueva puerta contraincendios homologada”.

Por razón de estos hechos y como consecuencia de una inspección tributaria, el COVB y la sociedad mercantil ligada al colegio tuvieron que hacer frente a una serie de liquidaciones de impuestos adicionales que ascendieron a 26.010, 04 euros. Por todo ello, la Fiscalía estima que la suma del perjuicio económico producido al Colegio fue de 1.438.177,45 euros.