Justicia promete reformar el Código Penal contra el maltrato animal en 2021

El Ministerio de Justicia, que dirige Juan Carlos Campo, ha publicado una evaluación de las actividades que ha llevado a cabo en este 2020, un año marcado por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Asimismo, desde el Ministerio de Justicia han aprovechado para establecer sus compromisos para el año 2021. En este sentido, entre los trabajos previstos llevar a cabo a lo largo de 2021, se encuentra la modificación del Código Penal.

Uno de los objetivos de esta modificación, es la actualización de tipos penales para potenciar la lucha contra nuevas formas de criminalidad, como la ciberdelincuencia, los delitos de odio o el maltrato animal.

Asimismo, este plan de reforma, que desde el Ministerio han calificado de “ambicioso”, persigue por una parte, la incorporación de directivas comunitarias; por otra, la acomodación de tipos penales al derecho comparado de la Unión Europea (sedición y rebelión).

“El Ministerio de Justicia trabajará también para facilitar el acceso a la Justicia de grupos vulnerables. En este campo, ya se ha avanzado con varios anteproyectos de ley, como el de Discapacidad y el de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Igualmente, se continuará con la tramitación de la reforma del delito de proxenetismo, incluido en el anteproyecto de LO de Libertad Sexual”, han especificado.

Por otro lado, desde el Ministerio apuntan que, a pesar de la pandemia, que ha mantenido paralizada parte de la actividad de la Justicia en 2020, se ha seguido trabajando en el desarrollo normativo y en acciones para potenciar el servicio público de Justicia. 

Desde Justicia subrayan que durante este año se ha presentado el anteproyecto de la LECRim, que supone la transformación integral del proceso penal. La nueva norma se basa en dos principios: la coherencia institucional y la armonización con el derecho de la UE.

La nueva LECrim incorpora herramientas para la lucha contra la criminalidad y refuerza las garantías de los intervinientes en el proceso penal. Se diseña así un nuevo modelo de proceso penal Constitucional, más acorde y totalmente coherente con la arquitectura del Estado de Derecho que establece la Carta Magna.