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Eximen a los veterinarios de denunciar a propietarios de animales “peligrosos”

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha determinado que los veterinarios no tienen la obligación de denunciar a los propietarios de animales potencialmente peligrosos que carezcan de las autorizaciones correspondientes

Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Eximen a los veterinarios de denunciar a propietarios de animales “peligrosos”

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha determinado que los veterinarios no tienen la obligación de denunciar a los propietarios de animales potencialmente peligrosos que carezcan de las autorizaciones correspondientes

Redacción - 30-07-2020 - 09:12 H

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) exime a los veterinarios de Canarias de denunciar a sus clientes, en el caso de que fuesen dueños de animales potencialmente peligrosos y carecieran de las autorizaciones correspondientes.

“La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha dado la razón a los colegios de veterinarios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, que presentaron sendos recursos impugnando dos artículos del decreto 30/2018, de 5 de marzo de 2018”, según ha informado el Colegio de Veterinarios de Las Palmas este miércoles en un comunicado.

El decreto 30/2018, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Canarias, fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias de 13 de marzo de 2018, señala la nota.

El fundamento jurídico quinto de la sentencia del TSJC del 8 de julio “ha declarado nulos dos artículos” de dicho decreto “por infringir el principio de reserva de ley y jerarquía normativa, al establecer ‘ex novo’ una obligación carente de sustento legal”, señala el colegio en el comunicado.

La razón es que “ni la Ley estatal 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, ni tampoco la Ley autonómica 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los animales, establecen ninguna obligación de denunciar para los veterinarios ante el incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa de aplicación” sobre estos animales.

Además, “los reglamentos -el decreto recurrido lo es-, no pueden ir más allá de la ley”, se añade en la nota.

Los dos artículos impugnados por los colegios y ahora declarados nulos por la sentencia son “el 25.3 y el 29.3 del decreto 30/2018”.

Ambos artículos establecían “la obligación del veterinario de denunciar ante la administración competente a los propietarios de animales potencialmente peligrosos sobre los que tuvieran conocimiento de que carecían de la documentación necesaria para su tenencia, con el evidente riesgo para los veterinarios de ser sancionados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos, por revelar datos de sus clientes”.

 

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