Veterinarios valencianos piden cambiar el Decreto de Granjas Porcinas

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España (CGCVE) ha hecho suyas todas las alegaciones presentadas por el Consejo Valenciano de Colegios Veterinarios (CVCV) al proyecto de Real Decreto de Ordenación de Granjas Porcinas Intensivas.

Dichas propuestas, que ya han sido remitidas al Ministerio de Agricultura, según informan desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia, tratan de “adaptar y flexibilizar” la futura normativa en esta materia al tamaño más reducido de las explotaciones porcinas valencianas, y de ajustar las funciones del veterinario y las medidas de bioseguridad establecidas a esa dimensión”.

En este sentido, las alegaciones presentadas por el CVCV intentan garantizar que los nuevos requerimientos planteados “no afecten a la viabilidad futura de estas granjas ni a su posible crecimiento a medio plazo”; sin “cuestionar” la sanidad animal y “asegurando” que cada granja tenga un veterinario responsable.

EXCESO DE RESPONSABILIDADES

A este respecto, el CGCVE se ha pronunciado, subrayando que el borrador concede a estos profesionales una serie de responsabilidades que, “van más allá de las que puede asumir un veterinario en ejercicio libre”.

La futura regulación advierte, por ejemplo, que el veterinario debe denunciar cualquier deficiencia a las autoridades. En la asamblea del CGCVE de diciembre de 2018, el presidente, Juan José Badiola, puso el ejemplo de la existencia o deterioro de una valla perimetral de la explotación.

Ante esta situación, Badiola, dijo que, “es obvio que, si el veterinario denuncia, el ganadero va a tardar poco en prescindir de sus servicios. Otra cosa es que el veterinario deba aconsejarle y le informe de la obligatoriedad de tener la valla en condiciones”.

Es por ello, que, en las alegaciones presentadas ante el Ministerio, los veterinarios insisten en que, de forma coherente con la Ley de Sanidad Animal, la responsabilidad de la aplicación de la norma en materia de sanidad animal “solo puede ser de los titulares de las explotaciones ganaderas”.

A este respecto, el CGCVE y el CVCV, opinan que el veterinario tiene que tener autoridad, pero con determinadas disposiciones, presentes en el decreto, “se corre el riesgo de hacer recaer sobre los veterinarios libres responsabilidades que corresponden a los veterinarios oficiales que, de este modo, se verían obligados a suplir la escasez de los segundos”.

RECLAMACIONES DEL CVCV

La primera de las alegaciones que ha presentado el Consejo Valenciano es que, aun en las explotaciones más reducidas, se disponga de un veterinario responsable. Para conseguir esto, se propone flexibilizar las definiciones de estos profesionales e incorporar expresamente la referida al veterinario de Agrupaciones de Defensa Sanitaria(ADS), dedicadas a establecer un programa sanitario común a un grupo de granjas.

Asimismo, los colegios valencianos han reclamado cambios en la clasificación de explotaciones establecida según su capacidad productiva. Con ello pretenden evitar que un gran número de antiguas explotaciones, que no cumplen las distancias sanitarias fijadas, puedan tener dificultades para conseguir después autorizaciones para ampliar su capacidad. De no producirse estos cambios, los veterinarios advierten que “se haría inviable su futuro al complicar su relación con las empresas integradoras.

Por otro lado, tras reunirse con el ministro de Agricultura, Luis Planas, el presidente del CGCVE, Juan José Badiola, apuntó que, cada explotación debería tener un único veterinario responsable de sus asuntos sanitarios, para mejorar la eficacia del diagnóstico y el tratamiento.

Sobre la mesa, también se encuentra la práctica que Badiola consideró de “inaceptable” de la “receta inversa”, según la cual, el veterinario es el último eslabón en el proceso sanitario y se limita a firmar “a distancia” la receta que previamente un ganadero ha comprado a una entidad ganadera, “cuando en algunos casos el veterinario ni siquiera conoce la explotación”.