Veterinarios se niegan a registrar el ADN de perros para identificar excrementos: "Es inútil"

La Ordenanza Municipal sobre Tenencia, Protección y Bienestar de Animales del municipio de Santa Eulària des Riu, publicada en el Boletín Oficial con fecha 4 de agosto de 2022, establece la obligación de identificar mediante un análisis de ADN a todos losperros del municipio.

Así, este municipio se suma a otros que han establecido esta obligación como medida de lucha contra el incivismo de algunos ciudadanos que, como consecuencia del abandono en la vía pública de los excrementos de los animales, incrementa la suciedad de las calles.

No obstante, esta medida no ha gustado entre los veterinarios locales; y el presidente de la Confederación Empresarial Veterinaria Española en Baleares (Ceve Balears), Andreu Oliver, manifiesta que, una vez más, no se ha contado con la participación de su organización a la hora de valorar la conveniencia de esta medida.

“Una vez tras otra se repite esta situación, lo que indica que las intenciones a la hora de generar normativa siguen pasando por obviar nuestra presencia como interlocutores sociales”, lamenta Oliver.

En primer lugar y por su relevancia, el presidente considera “de gravedad los errores que de base presenta dicha ordenanza, los cuáles han sido destacados y acompañados de nuevas propuestas de redacción en un documento enviado al Ayuntamiento de Sta. Eulària des Riu, transmitiendo desde el Ayuntamiento su negativa a tenerlas en cuenta”.

“Estamos frente a una norma claramente discriminatoria, innecesaria y desproporcionada, afectando directamente a ciudadanos del municipio que cumplen con las obligaciones, ya que quienes las incumplen, seguirán haciéndolo”, critica Oliver.

A este respecto, el presidente de Ceve Balears explica que este hecho se agrava desde el momento que cualquier propietario que venga desde fuera del municipio e incluso de la isla, podrá incumplir la ordenanza sin que sea sancionado, ya que el perro no estará registrado en Sta. Eulària y, por lo tanto, no se le podrá identificar.

Por otro lado, Oliver destaca que las atribuciones para el ejercicio profesional veterinario no son competencia de las administraciones locales y que, por tanto, no puede imponerse en una ordenanza municipal una limitación a su libre ejercicio.

Desde la asociación balear veterinaria consideran que estos hechos son suficientes para comprender que ésta es una medida muy restrictiva, que también discrimina a los ciudadanos de Sta. Eulària d’es Riu y que supone una “inversión inútil” si se atiende, ya desde una óptica legal, a que “la cadena de custodia de pruebas es tan débil que dificulta al extremo demostrar que las deposiciones abandonadas de las que deriva la sanción”, vengan del propietario del animal o que hayan sido devueltas a la vía pública por un tercero, sin ahondar en los motivos de esta segunda actuación.

LOS VETERINARIOS APUESTAN POR CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN

“Este hecho conduce a un escenario donde la resolución del 99% de las sanciones recurridas se inclinaría del lado del propietario, dando la sensación real de que se está tirando el dinero del contribuyente”, apuntan desde Ceve Balears.

Además, destacan que “la inversión de los recursos dinerarios públicos, en este caso en concreto, se antoja mucho más eficiente si se activan campañas cívicas de concienciación y cambio de cultura social que campañas de penalización que, por necesidades funcionales y legales, demandan la presencia de más de un profesional, público y privado, para el ejercicio de recogida de muestras”.

Por otro lado, indican también que el tratamiento que se propone de los datos de carácter personal es inadecuado, pudiendo incurrir ello en potenciales nuevas sanciones.

“No sería la primera, ni creemos que sea la última vez, que una decisión pública en materia de normativa se ve influenciada por las ansias comerciales de una empresa privada, llevándola probablemente a engaño y acabando, como es el caso, en la publicación de una normativa local muy alejada de un objetivo real de solución del problema”, critica Oliver.

Asimismo, el presidente de la patronal balear señala que, según datos de los que dispone se suelen analizar muestras correspondientes de una parte muy reducida de la población canina de un lugar, sancionando solo un 10% del total de las muestras analizadas.

Hay que recordar, como señala Oliver, que “este municipio, como tantos otros, recibe muchas visitas tanto de turistas como de ciudadanos de municipios colindantes, por lo que los perros que los acompañan no van a estar censados y va a existir de facto una imposición que afectará únicamente a los ciudadanos de este municipio, a los que se les impondrá una carga económica extra que además no servirá prácticamente para nada, porque, como se ha visto en otros sitios, al final esta medida la cumplirán sólo aquellos que, precisamente, ya cumplen con las demás obligaciones de una tenencia responsable, la identificación con microchip y la retirada de los excrementos de la vía pública”.

“Esto mismo es lo que han entendido los veterinarios de este municipio y por ello han decidido no participar en la identificación de los perros mediante el ADN, a pesar de que ello suponga reducir sus potenciales ingresos”, concluye Oliver.