Colvema sostiene que la negociación y eventual aprobación de un acuerdo comercial de esta envergadura debe asegurar la protección de la salud pública y el bienestar animal, así como la seguridad alimentaria
Los Veterinarios de Madrid se suman a la petición de revisión del Tratado Mercosur-UE
Colvema sostiene que la negociación y eventual aprobación de un acuerdo comercial de esta envergadura debe asegurar la protección de la salud pública y el bienestar animal, así como la seguridad alimentaria
Redacción -
27-01-2026 - 12:49 H -
min.
El Colegio de Veterinarios de Madrid (Colvema) ha manifestado su adhesión a la creciente solicitud de revisar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur antes de que se produzca su ratificación definitiva, una petición que ha sido expresada por diversos sectores profesionales, especialmente en los ámbitos agrícola, ganadero y sanitario.
Desde el Colegio de Veterinarios de Madrid consideran que la negociación y la eventual aprobación de un acuerdo comercial de esta magnitud debe garantizar de forma prioritaria la protección de la salud pública, el bienestar animal, la seguridad alimentaria y el establecimiento de condiciones sanitarias homogéneas para todos los productos que accedan al mercado europeo.
En este contexto, Colvema comparte la preocupación mostrada por veterinarios y otros profesionales del sector ante el riesgo de competencia desleal, cuando los productos importados puedan estar sometidos a normativas sanitarias o de bienestar animal menos exigentes que las que rigen en la Unión Europea.
El Colegio subraya que resulta imprescindible que cualquier producto agroalimentario importado cumpla de manera verificable con las mismas exigencias sanitarias y de control de medicamentos veterinarios que los productos producidos dentro del territorio comunitario. A su juicio, la ausencia de garantías estrictas en este ámbito podría suponer un riesgo tanto para la sanidad animal como para la salud de la población.
Asimismo, Colvema destaca que los estándares de bienestar animal constituyen uno de los pilares de la regulación veterinaria europea y defiende que dichos criterios deben ser exigibles de forma equivalente a los productos procedentes de terceros países, incluidos los estados de Mercosur. De no ser así, advierte, podrían generarse distorsiones en el mercado y prácticas que impacten negativamente en el bienestar de los animales.
Otro de los aspectos señalados por el Colegio se refiere a la competitividad y sostenibilidad del sector primario. La liberalización arancelaria prevista en el acuerdo permitiría la entrada de productos elaborados bajo condiciones regulatorias diferentes, lo que podría situar en desventaja a las producciones europeas y afectar a la viabilidad de las explotaciones pecuarias nacionales, una preocupación que ya ha sido trasladada por organizaciones agrarias, ganaderas y veterinarias en distintos foros y movilizaciones.
En este sentido, Colvema defiende la necesidad de garantizar una coherencia regulatoria mediante la aplicación de mecanismos de reciprocidad o cláusulas espejo, que aseguren que los criterios de sanidad y bienestar animal de los países de Mercosur sean equivalentes a los de la Unión Europea. Esta medida, apuntan, contribuiría a reforzar la confianza del consumidor y la integridad del mercado único europeo.
Por todo ello, el Colegio de Veterinarios de Madrid ha anunciado que respaldará aquellas iniciativas institucionales y parlamentarias que reclamen una revisión jurídica, sanitaria y socioproductiva del tratado Mercosur-UE antes de que concluya su proceso de ratificación.
Del mismo modo, insta a las autoridades europeas y nacionales a garantizar que cualquier texto final respete plenamente los marcos legislativos vigentes en materia de salud pública, bienestar animal y seguridad alimentaria en la Unión Europea.
El tratado Mercosur-UE fue firmado el pasado 17 de enero en Asunción, tras 26 años de negociación. Recientemente, el Parlamento Europeo ha remitido el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para su evaluación jurídica y para determinar su compatibilidad con los tratados comunitarios, lo que ha generado un período de suspensión de su tramitación que ha sido valorado de forma positiva por amplios sectores del campo europeo.