Una veterinaria logra que la justicia le reconozca el derecho a una prestación por riesgo durante la lactancia

Según han explicado desde el Consejo General de la Abogacía Española, el Juzgado de lo Social nº2 de Málaga ha condenado a la mutua Umivale Activa a pagar una prestación de 15.000 euros a una veterinaria por riesgo durante la lactancia, tras considerar que su trabajo conllevaba exposición a agentes químicos y biológicos peligrosos para su salud y la de su hija lactante.

La trabajadora, empleada indefinida en la empresa SOS Catycan S.L., presentó una solicitud en septiembre de 2023 que fue rechazada por la mutua, pese a informes previos que advertían del riesgo.

El juez ha concluido ahora que las pruebas aportadas por la demandante eran más sólidas que las de la mutua y le reconoce el derecho a una prestación de 1.924,40 euros mensuales durante nueve meses, lo que supera los 15.000 euros. No obstante, se desestimó su reclamación de 10.000 euros por daños morales por falta de evidencia.

El abogado de la veterinaria celebra la sentencia, que califica como “un logro importante para los derechos de las mujeres trabajadoras y la conciliación laboral y familiar”.

Según explica, el puesto de su clienta como veterinaria implicaba una exposición continua a riesgos químicos, biológicos, radiológicos, enfermedades zoonóticas y factores psicosociales, en un entorno laboral que además carecía de un espacio adecuado para la extracción de leche. “Esta situación obligó a la trabajadora a solicitar una excedencia sin sueldo durante varios meses para poder ejercer su maternidad con garantías, ante la negativa de la mutua a reconocer el riesgo”, añade.

El profesional critica que Umivale haya denegado sistemáticamente este tipo de prestaciones incluso cuando los informes de prevención de riesgos laborales advertían de un nivel de riesgo “intolerable”. En este caso, la decisión judicial fue rápida y contundente: el juzgado dictó sentencia condenatoria en solo un día, revocando la resolución de la mutua y reconociendo el derecho de la trabajadora a recibir la prestación.

Por ello, el abogado considera que la prestación económica obtenida es “satisfactoria” para su clienta, aunque advierte que la resistencia de algunos tribunales a conceder indemnizaciones por daños morales dificulta el freno a los abusos de empresas y mutuas.