Una sentencia obliga a indemnizar por un animal herido en un saneamiento

Cada año, las comunidades autónomas llevan a cabo test diagnósticos para detectar enfermedades contempladas en los planes de erradicación; son los conocidos como saneamientos. Esta actividad ha generado animadversión en algunos ganaderos, que consideran que estas iniciativas no son efectivas y les causan perjuicio económico.

Normalmente, este perjuicio económico se suele achacar al sacrificio de animales positivos, así como a las restricciones al movimiento de animales las explotaciones en las que se detectan enfermedades.

Lo que no se suele abordar tanto son las lesiones producidas en los animales que, según los ganaderos, también suponen un perjuicio, pues las administraciones —hay que recordar que la legislación varía entre comunidades— no suelen contemplar indemnizaciones más allá de las bajas de los animales, y siempre que se demuestre claramente una relación directa causa-efecto.

Ahora, una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de Salamanca a la que ha tenido acceso Animal's Health ha abierto la puerta a que se indemnice a los ganaderos también por los animales lesionados, y no solo por las bajas, al menos en lo relativo al ganado de lidia.

Y es que este juzgado ha fallado a favor de la parte demandante, una ganadería de lidia, que había interpuesto una denuncia contra la Junta de Castilla y León después de que esta desestimara un recurso de reposición en el que le exigían una indemnización por un becerro de 10 meses que sufrió una lesión en el pitón mientras se le realizaba un una lectura de intradermoreacción a la tuberculina bovina para detectar tuberculosis.

La sentencia condena por tanto a la Administración al pago de 1.500 euros —el precio estimado del ejemplar basándose en hermanos vendidos—, ya que, según las declaraciones de testigos —tanto veterinarios como empresarios conocedores del mundo de la tauromaquia— un toro de lidia con un pitón lesionado pierde todo su valor, por lo que equivale a una baja.

La ley de sanidad animal de Castilla y León contempla la indemnización solo en los casos en los que se produzcan muertes, y cuando estas hayan sido comunicadas en un plazo no superior a 72 horas y quede técnicamente demostrada y acreditada la relación directa y exclusiva entre la causa original y el efecto producido.

La causa alegada por los demandantes y admitida por el juez ha sido que los veterinarios de la empresa contratada por la Junta de Castilla y León para llevar a cabo el saneamiento fueron poco diligentes a la hora de llevar a cabo la prueba, por lo que incrementaron el riesgo de que el animal se lesionara.

El juez también ha aceptado que la ganadería contaba con todas las instalaciones y personal necesario para llevar a cabo los saneamientos como obliga la ley, por lo que desestima que los daños hayan sido causados por este motivo, sino por “las circunstancias que concurren en la realización de la prueba”.

Aunque por lo expuesto en la sentencia, pudiese interpretarse que la jurisprudencia que podría generarse en un futuro se limitase a la ganadería de lidia, Antonio Peix, el abogado de los demandantes, considera que lo que se ha conseguido es que se reconozca el derecho del ganadero a exigir a la administración que le indemnice del daño que se le está causando por su deber de colaboración en los saneamientos “caso por caso” y señala que en esta línea se deberían seguir presentado demandas.