La UE juzgará a Francia por infringir el derecho europeo con las restricciones que impone a los veterinarios

La Comisión Europea ha decidido remitir a Francia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por considerar que su normativa sobre empresas veterinarias y el ejercicio de la profesión vulnera las normas comunitarias relativas a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios recogidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y en la Directiva de Servicios.

Según explica la Comisión, la legislación francesa establece que la mayoría de las participaciones de las empresas veterinarias deben estar en manos de veterinarios en ejercicio que formen parte de la propia sociedad. Además, exige que los veterinarios accionistas estén presentes, al menos a tiempo parcial, en cada uno de los establecimientos de la empresa.

Bruselas considera que la combinación de estos requisitos limita el número de centros que pueden gestionar tanto los veterinarios como las sociedades veterinarias y restringe la forma en que los profesionales pueden organizar su actividad y sus negocios.

Asimismo, la Comisión señala que, aunque la normativa nacional permite con carácter general la libre prestación de servicios, Francia impide que veterinarios establecidos en otros Estados miembros puedan prestar servicios temporales y ocasionales en territorio francés.

OBSTÁCULOS INJUSTIFICADOS AL EJERCICIO PROFESIONAL

La institución europea entiende que la obligación de que la mayoría de los accionistas sean veterinarios en ejercicio dentro de la empresa, junto con el requisito de presencia de los socios veterinarios en cada establecimiento, constituye un obstáculo injustificado para el establecimiento de profesionales veterinarios, contraviniendo la legislación comunitaria.

Del mismo modo, considera que la imposibilidad de que veterinarios establecidos en otros países de la Unión Europea puedan desarrollar actividades transfronterizas temporales y ocasionales en Francia supone una limitación de la libertad de prestación de servicios garantizada por el Derecho de la UE.

La decisión de acudir al Tribunal de Justicia llega después de que la Comisión Europea iniciara un procedimiento de infracción contra Francia.

En abril de 2024, Bruselas remitió una carta de requerimiento a las autoridades francesas y, posteriormente, en junio de 2025, emitió un dictamen motivado instando al país a corregir la situación.

Sin embargo, la Comisión considera que las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento por las autoridades nacionales han sido insuficientes para resolver las incompatibilidades detectadas con la normativa europea.

Por este motivo, ha decidido remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.