Sancionan a un veterinario por una eutanasia sin consentimiento

La Royal College of Veterinary Surgeons de Reino Unido ha sancionado con una “reprimenda” oficial a un veterinario por realizar la eutanasia de un perro sin haber recibido el consentimiento de su dueño, por no responder a las preguntas realizadas por el cliente y por no mantener los registros clínicos del animal.

Según la sanción oficial, a la que ha tenido acceso Animal’s Health, “es lamentable que un veterinario con más de 30 años de práctica intachable haya caído en esta ocasión muy por debajo de los estándares que se espera de un cirujano veterinario profesional”.

En total, la institución relaciona tres actuaciones negativas del veterinario, en la atención a un perro labrador llamado Bailey. En primer lugar, el profesional practicó la eutanasia sin el consentimiento del dueño, sin que hubiera suficientes razones clínicas para sedar al animal y sin administrar una dosis de analgésico suficiente.

Por otro lado, se acusa al profesional de no haber mantenido registros clínicos adecuados del animal, algo que el propio veterinario reconoció. Y un tercer cargo se le achaca por no responder adecuadamente a las comunicaciones sobre el tratamiento de Bailey por parte de su propietario.

Pese a que el veterinario afirmó haber tenido conversaciones previas con el dueño sobre la eutanasia seis meses antes del evento, y que había mencionado una posible necesidad de eutanasia durante una llamada telefónica ese mismo día con el propietario, la institución británica consideró todos los cargos probados, así como que los mismos constituían una falta profesional grave.

Tras imponer la sanción, que tiene en cuenta que se trata de un caso aislado por parte del profesional, el comité reseña “la necesidad de reflexionar sobre el resultado de este caso, la necesidad de contar con sistemas de comunicación claros en esta práctica que sean efectivos, a fin de evitar cualquier posibilidad de falta de comunicación".

En España, uno de los últimos casos de sanciones a veterinarios se registró a finales de 2017, cuando el juzgado número 1 de Girona ratificó la resolución del Colegio Profesional de Veterinarios de Girona que acordó la expulsión de la veterinaria de Vidreres Natalia Ràfols, quien había sido inhabilitada en 2012 a raíz de la gran cantidad de denuncias que llegaban por mala praxis, pero que siguió ejerciendo en casas particulares e incluso disponía de una tienda de animales.