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Retiran multa impuesta tras llevar a su perra al veterinario en confinamiento

Un padre y un hijo de Mallorca que fueron multados por ir juntos en un vehículo para llevar a su perra gravemente enferma al veterinario, han conseguido que se retire la multa

Retiran multa impuesta tras llevar a su perra al veterinario en confinamiento

Retiran multa impuesta tras llevar a su perra al veterinario en confinamiento

Un padre y un hijo de Mallorca que fueron multados por ir juntos en un vehículo para llevar a su perra gravemente enferma al veterinario, han conseguido que se retire la multa

Redacción - 30-11-2020 - 14:30 H

Las restricciones del coronavirus han ocasionado incomodidades y problemas a la población, y siguen haciéndolo. También a las personas que tienen que llevar a sus animales al veterinario, que aunque es un acto que siempre ha estado permitido durante los estados de alarma, los agentes no siempre lo tienen en cuenta.

Ya ocurrió con la propietaria de un perro que no pudo llevar a su animal al veterinario al pueblo de al lado debido al cierre perimetral, pero también han ocurrido casos más graves, como el de un padre y un hijo de Mallorca que han estado a punto de enfrentarse a sendas multas de 1.500 euros por llevar a su perra con una grave dolencia cardiaca al veterinario.

Animal’s Health ha hablado con David Barón, el abogado que les ha asistido en los recursos a la Administración para no tener que hacer frente a las multas, que finalmente han sido retiradas, aunque para ello se ha necesitado incluso un informe veterinario del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno de Baleares.

Los hechos se remontan al 17 de abril, cuando en pleno confinamiento los afectados decidieron llevar a su perra de 35 kilos al veterinario, que se encontraba muy grave por una afección cardiaca y no se podía mover por sí misma.

Debido a esto, el padre y el hijo decidieron ir juntos en el vehículo para poder trasladar más fácilmente al animal, cuando fueron interceptados por una patrulla de la Guardia Civil. Los agentes les tomaron los datos y no prestaron demasiada atención al estado de la perra y las explicaciones de los propietarios, dejándoles continuar su camino. En junio les notificaron la propuesta de sanción por realizar un traslado indebido.

La gravedad de la urgencia veterinaria se confirmó cuando llevaron al animal al veterinario, pues tuvo que ser sacrificada poco después. Padre e hijo decidieron recurrir la sanción en julio a la Delegación del Gobierno, pero en un primer momento el órgano desestimo el recurso, a pesar de que adjuntaron el historial clínico del animal.

UN INFORME VETERINARIO OFICIAL SECUNDA A LOS PROPIETARIOS

Los afectados, asistidos por el jurista Barón, decidieron volver a recurrir la desestimación, pero en esta ocasión, la Delegación del Gobierno admitió la realización de un informe veterinario llevado a cabo por personal de su área de Agricultura y Pesca para dilucidar si efectivamente se necesitaban dos personas para transportar a la perra.

Este informe secundó los argumentos de los propietarios, coincidiendo con ellos en la necesidad de dos personas para poder manejar a un perro de 35 kilos que no se puede mover. La resolución, a la que ha tenido acceso a este medio, recoge el informe, en el que se señala que después de haber leído el historial del paciente canino realizado por el hospital que lo atendió se constata la gravedad del estado de salud del animal.

“Comprobando así el estado crítico en el que llegó a la consulta, debido a la grave sintomatología cardiaca que presentaba, queda claro que el animal no pudo llegar por sus propios medios a la consulta y debió ser transportado por sus dueños”, recoge.

Asimismo, indica que “un animal de ese peso y sin tener movilidad adecuada es difícil que sea manejado por una sola persona, teniendo gran dificultad al cargarlo y descargarlo del coche y trasladarlo a la consulta”.  Por esto, el informe considera justificada la decisión de realizar el transporte entre dos personas.

Teniendo en cuenta esto, la resolución concluye que la actuación de los propietarios estaba amparada por el Real Decreto de estado de alarma, por ser una causa de fuerza mayor, debido a la necesidad del “traslado de su mascota canina a un centro veterinario para que fuera atendida de la grave sintomatología cardiaca que padecía”. “Traslado para el que necesitó la ayuda de otra persona en atención al peso y a la nula movilidad del animal”, añade.

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