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PROFESIONALES

Ratifican la condena para una auxiliar de veterinaria que vacunaba perros

Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Alicante contra una auxiliar clínico de veterinaria que desparasitó a un perro y le aplicó una vacuna heptavalente

Audiencia Provincial de Alicante.
Audiencia Provincial de Alicante.

Ratifican la condena para una auxiliar de veterinaria que vacunaba perros

Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Alicante contra una auxiliar clínico de veterinaria que desparasitó a un perro y le aplicó una vacuna heptavalente

Redacción - 03-06-2021 - 13:41 H

El 18 de octubre de 2019, Animal’s Health recogió el caso de una auxiliar clínico de veterinaria (ACV) que se enfrentaba a una multa de 15 meses con cuota diaria de 6 euros por prescribir y aplicar una vacuna a un perro. Los hechos, acontecidos en 2018, fueron juzgados en 2019 a instancias del Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval), que ejerció de acusación particular.

Aquella sentencia en primera instancia del Juzgado de lo Penal Número 2 de Orihuela condenó a una auxiliar de veterinaria por intrusismo porque consideró probado que “desparasitó, implantó a un perro una vacuna heptavalente y cumplimentó la cartilla sanitaria del citado animal, estampando el sello de la empresa y el número de veterinario colegiado, a sabiendas que carecía del preceptivo título académico que le habilitara para el desempeño de esa actividad”. Pero el fallo fue recurrido y ahora ha devenido en sentencia firme tras el pronunciamiento de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante.

El caso se inició a raíz de una denuncia presentada ante Icoval por un colegiado, que decía tener constancia de que en el citado establecimiento se estaban realizando con reiteración actos veterinarios por personal sin la titulación necesaria. Con la intención de demostrar tal cosa, una detective contratada por Icoval visitó el centro con un perro.

La auxiliar condenada no negó los hechos que se le imputaban y su letrado repitió en su recurso los mismos argumentos jurídicos que durante el primer juicio para cuestionar la validez de lo testificado por el detective privado.

LEY DE SEGURIDAD PRIVADA

De un lado, su defensa adujo que la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada no permite a los detectives investigar delitos públicos, los que son perseguibles de oficio. Es más, enmarcó la actuación de tal investigador en la figura de ‘inducción al delito’. Esto es, adujo, que si no hubiera mediado su actuación, la ahora condenada en sentencia firme no habría incurrido en los actos referidos, calificados como intrusismo.

El fallo de la Audiencia, sin embargo, desbarata tales argumentos, respaldando el valor probatorio de su testimonio y ratifica la “licitud” de la acción de este profesional porque “no contravino ningún derecho fundamental” de la condenada.

“Tampoco debe confundirse el supuesto de autos con el de delito provocado, como sostiene el recurrente, pues (citando una sentencia del Tribunal Supremo) ‘no existe delito provocado en casos de comprobación delictiva de una previa ideación criminal, cuando el investigado no comete el delito como consecuencia de la actuación policial o del investigador privado, sino que ya está resuelto a cometerlo, o bien se dedica a una permanente actividad criminal, que únicamen pretende comprobarse”, se puede leer en el fallo.

Por todo ello, la sentencia dictada el pasado 23 de marzo pero cuya ejecución fue notificada a las partes en el presente mes de mayo, ratifica lo inicialmente resuelto en primera instancia y condena a la referida auxiliar de veterinaria al pago de una multa de 15 meses con cuota diaria de 6 euros.

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