Los veterinarios de mataderos, degradados por la privatización

La Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet) avisan de que “cada vez con más persistencia, y desde diferentes sectores interesados se vienen introduciendo propuestas para debilitar la presencia de los veterinarios oficiales” en la inspección sanitaria de los animales destinados a consumo humano en mataderos, según recoge un comunicado de la Federación.

En este sentido, explican que esta situación está ocurriendo “mediante la privatización de algunas fases de dicha inspección e incluso con la posibilidad de que se realicen por personal sin la cualificación suficiente, como el caso de los auxiliares de inspección”.

Por ello, desde Fesvet únicamente le encuentran sentido a esta situación por “un trasfondo económico”. Se refieren a que esto ocurre, bien de manera directa para evitar pagos de tasas por control oficial, o bien indirecta,  por quitar del control de la cadena alimentaria veterinarios oficiales independientes de la industria cárnica y en general del sector productor.

Así, recuerdan que “los Veterinarios Oficiales son los responsables de la inspección sanitaria veterinaria en mataderos, la cual tiene como objetivo prioritario dar las mayores garantías de inocuidad, para la salud de los consumidores, de las carnes y subproductos que en ellos se obtienen”.

A lo que añaden, “gracias a su condición de funcionarios públicos ejercen esta labor con independencia de los sectores productores, operadores de la producción primaria-sector cárnico, y siempre, teniendo en cuenta sus conocimientos profesionales y científicos y en su caso la normativa sanitaria vigente, salvaguardando el bien general de protección de la salud pública en su más amplio sentido frente a otros tipos de intereses”.

CENTRALIZAR LAS LABORES EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Para evitar la tendencia de algunas administraciones públicas de permitir que se genere un conflicto de intereses cuando la inspección se realiza por el sector privado, desde Fesvet apuestan que estas prestaciones de protección de la salud, que desarrolla la veterinaria de salud  pública oficial de manera integral, se hagan desde el Sistema Nacional de Salud.

“Como una prestación pública más, en los términos que establece la propia ley general de sanidad, y con garantías de independencia del personal sanitario oficial de control que las desarrolle, para que se evite en la medida de lo posible los conflictos de intereses que se producen con otros modelos alternativos que se presentan, y que en más de una ocasión ha conducido a la aparición de graves crisis sanitarias”, apuntan.

Así, la federación sindical “considera por tanto erróneas estas políticas privatizadoras de una prestación sanitaria pública, y reclama a los responsables políticos y en particular a los responsables del sector sanitario, que no hagan dejación de funciones y que se opongan a estas tendencias”.