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PROFESIONALES

Los veterinarios de Castilla y León sufren agravios en las oposiciones

El Defensor del Pueblo autonómico considera que los veterinarios sufren “agravios comparativos” respecto al personal sanitario asistencial a la hora de acceder a las plazas fijas de la Administración

Javier Amoedo es actualmente el Procurador Común de Castilla y León.
Javier Amoedo es actualmente el Procurador Común de Castilla y León.

Los veterinarios de Castilla y León sufren agravios en las oposiciones

El Defensor del Pueblo autonómico considera que los veterinarios sufren “agravios comparativos” respecto al personal sanitario asistencial a la hora de acceder a las plazas fijas de la Administración

Ángel Espínola - 13-03-2018 - 14:30 H - min.

Los veterinarios de Castilla y León sufren “agravios comparativos” respecto al personal sanitario asistencial a la hora de acceder a las plazas fijas de la Administración. Así lo considera al menos el Defensor del Pueblo Autonómico (denominado Procurador Común), en una reciente resolución, emitida a raíz de la queja de más de 400 profesionales no asistenciales (veterinarios, farmacéuticos, etc.).

El problema, según recoge la resolución, a la que ha tenido acceso Animal's Health, es que la Consejería de Presidencia no valora la experiencia profesional de los Servicios Veterinarios Oficiales en las pruebas selectivas de acceso a la función pública, y niega el carácter sanitario de estos puestos de trabajo. Por otro lado, la Administración tampoco reconoce las labores de docencia y formación ni la carrera profesional de estos trabajadores, pese a que realizan una función pública al igual que el personal estatutario dedicado a la actividad asistencial.

Ante ello, el Procurador Común recuerda que un somero examen de la normativa reguladora del ámbito sanitario “pone de manifiesto que la salud pública tiene una naturaleza de atención integral, esto es, no vinculada única y exclusivamente con la atención hospitalaria, y, en este sentido, es indudable que las labores desempeñadas por parte de los funcionarios afectados por la controversia constituyen actuaciones de prestación de salud pública”.

De esta forma, y teniendo en cuenta que el uso del sistema de concurso-oposición (donde hay un examen y una segunda fase para valorarlos méritos), es legal para la selección del personal funcionario de carrera y que, en el caso de los veterinarios, en los últimos 30 años sólo se han convocado 4 cuatro oposiciones para el acceso al cuerpo de veterinarios (provocando la existencia de funcionarios interinos que llevan prestando servicios por prolongadísimos periodos de tiempo), “la pretensión formulada por los reclamantes debería ser atendida”.

En conclusión, el Procurador Común insta a la Consejería de la Presidencia a utilizar el sistema de concurso-oposición en las convocatorias de los procesos selectivos de veterinarios, entre otras profesiones, y pide que se dote de efectividad el derecho a la carrera profesional de los profesionales de la salud pública no asistencial y les facilite formación continuada.

La situación en Castilla y León tiene similitud con la de Asturias, donde el Sindicato de Veterinarios también reivindica que se reconozca el carácter sanitario de la profesión y que se generalice el sistema de concurso-oposición para acceder a puestos fijos, de forma que se les reconozca su experiencia previa.

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