La Justicia deja claras las actividades exclusivas del veterinario de explotación en España

El Colegio de Veterinarios de Cádiz se ha hecho eco de una sentencia que, según indica, defiende “la asignación de actividades exclusivas del veterinario de explotación”. En este sentido, desde el colegio explican que un mes antes del inicio de la pandemia vio la luz el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo, de gran importancia para el sector en España por ser uno de los principales productores en el ámbito europeo y mundial.

“Desde el año 2000, la evolución de los retos económicos, sociales y medioambientales de la producción ganadera, unidos a la necesidad de adecuar esta realidad a un sector en constante evolución, en línea con la evolución del marco legislativo en materia zootécnica, sanitaria y ambiental, hacen necesario no solo actualizar, sino revisar en profundidad los pilares de la normativa de ordenación sectorial porcina: la sanidad animal y la gestión ambiental de las granjas, todo ello unido al bienestar animal”, remarcan desde el Colegio

Además, indican que uno de los grandes retos en beneficio de la salud pública, y prioridad de la Unión Europea, es combatir la resistencia antibiótica, y para ello se ha establecido una estrategia común frente a esta cuestión.

“En el ámbito medioambiental, la producción porcina puede tener un significativo impacto, especialmente en relación con la producción de nitratos y las emisiones de amoniaco a la atmósfera y, en menor medida, por su potencial carácter emisor de gases de efecto invernadero”, apuntan los veterinarios, destacando que, “con base en estas perspectivas, el sector debe contar con un marco de ordenación para construir una estrategia de desarrollo para las próximas décadas”.

En el ámbito medioambiental, especifican, “la adecuada gestión de los estiércoles es crucial, siendo los titulares de las granjas los primeros responsables de su correcta gestión”. “En estos días estamos inmersos en una polémica social y política en torno a las llamadas “macrogranjas“, siendo vital para el profesional veterinario dedicado a la gestión de explotaciones ganaderas conocer el impacto de los subproductos ganaderos para asesorar a su cliente sobre las mejores técnicas disponibles para controlar los gases con efecto invernadero (GEI), producidos en las explotaciones ganaderas, así como las posibles contaminaciones de acuíferos y otros efectos sobre el medioambiente”, explican.

“Somos defensores a ultranza del concepto One Health, que tan claramente realiza un “veterinario de explotación" en el ejercicio de la profesión y que el Real Decreto 306/2020 nos asigna sin ambages”, afirman desde el colegio de Cádiz.

Asimismo, apuntan que el Consejo General de Colegio Oficiales de Ingenieros Agrónomos interpuso recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen “normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo” y concretamente contra los incisos  de los artículos 4.2, 4.3 y 6.2, y previos los trámites preceptivos solicitando, mediante recurso, que se declaren nulos una serie de incisos.

Así, por ejemplo, se pretendía declarar nulo el artículo 4.2: “veterinario de explotación” pudiéndose sustituir por técnico competente o subsidiariamente incluyendo además de veterinario de explotación a ingeniero agrónomo.

También pedían la nulidad del artículo 4.3, en el párrafo primero: “evaluación de los requisitos de bioseguridad” y “así como la verificación de estos aspectos incluidos en el Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones de ganado porcino que establece el artículo 6 del presente real decreto”; en el párrafo segundo: “el veterinario de explotación deberá evaluar el nivel de bioseguridad” “empleando para ello una encuesta que recoja, al menos, el contenido mínimo establecido en el anexo II del presente real decreto” pudiéndose atribuir tal función a Técnico competente o incluir junto al veterinario de explotación al ingeniero agrónomo.

Además, pretendían la sustitución de “veterinario de explotación” en el artículo 6.3 por técnico competente o subsidiariamente incluyendo además del veterinario de explotación al ingeniero agrónomo.

“Han comparecido para oponerse al recurso, la Abogacía del Estado, la Junta de Extremadura, el Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios de España y la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR)”, señalan desde el Colegio.

Todos los comparecientes han terminado suplicando que se desestime la demanda (así se expresa en la propia sentencia y se reitera por cada compareciente oponente al recurso). “La sentencia es de obligada lectura, y aclara y refuerza que determinadas actividades dentro del desarrollo de nuestra profesión son exclusivas del veterinario”, subrayan los veterinarios

Y es que, afirman que “deja bien claro que son facetas trascendentes y propias del Veterinario de Explotación la bioseguridad de la granja, los aspectos sanitarios de la explotación ganadera, el bienestar de los animales y la gestión medioambiental”

“Desde el Colegio de Veterinarios de Cádiz queremos agradecer a todas las instituciones que han comparecido para oponerse al recurso interpuesto por el Consejo de Ingenieros Agrónomos, y que han defendido con conocimiento y determinación realidades que la profesión veterinaria lleva sufriendo en otros aspectos del desarrollo de su actividad, y que como no puede ser de otra forma, con esfuerzo y argumentos se puede y es nuestra obligación defender la profesión y a los buenos profesionales”, concluyen desde la entidad colegial.

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