Los inspectores veterinarios de Salud Pública de Canarias irán a la huelga

Los inspectores de Salud Pública de Canarias han convocado una huelga que dará comienzo a partir del 31 de mayo. Su objetivo es reclamar el reconocimiento de su labor como personal sanitario esencial y denunciar “la inaceptable situación de precariedad” en la que se encuentran los servicios de inspección sanitaria en el archipiélago.

El colectivo, formado por farmacéuticos y veterinarios, centra sus reivindicaciones en la solicitud de un reglamento de organización y funcionamiento del cuerpo  de  Inspectores  de  Salud  Pública  que  regularice  la  singularidad  del cuerpo, y piden una  solución  a la falta de vehículos para el desplazamiento, el reconocimiento de su labor como personal sanitario esencial y una dotación  de  medios  personales  y  materiales  adecuada  a  las  necesidades reales.

La Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias defiende que realizan una función vital, mediante  la  prevención  de  las enfermedades que se transmiten por el agua y los alimentos y la adopción de medidas como el cese de actividades o la inmovilización de alimentos peligrosos.

Además, reivindican su papel durante la pandemia, garantizando “un permanente  abastecimiento  de  alimentos  seguros y efectuando campañas de asesoramiento y control del cumplimiento de las medidas de prevención frente al Covid-19”.

Por ello, piden los medios personales y materiales para poder cumplir los mínimos requisitos que impone la normativa europea, que aseguran que ha ido incrementando sus exigencias.

FALTA DE MEDIOS: 1 INSPECTOR POR CADA 25.000 HABITANTES

Actualmente, según señala la asociación, el colectivo de inspectores sanitarios dispone de una media de 1 inspector por cada 25.000 habitantes. Sin embargo, apuntan que la media en el resto del territorio español se sitúa en 1 inspector por cada 12.000 habitantes, siendo Canarias la Comunidad Autónoma más precaria del país.

Añaden, además, que la  carga de trabajo es en muchas zonas "inasumible", a lo que hay que añadir “las características  territoriales  singulares, con las dificultades y  particularidades de cada isla”.

El colectivo pone también de manifiesto que no se cubren en muchas ocasiones bajas ni se ocupan puestos vacantes, habiendo quedado municipios completos sin inspector durante largos periodos, y que no se valoran las necesidades reales de los servicios, contando hoy con el mismo número de inspectores que en el año 2007.

En cuanto a los medios materiales, señalan que en la gran mayoría de las islas apenas se dispone de espacio en las oficinas para trabajar ni de la dotación mínima necesaria. "El equipo de inspección consiste en un termómetro y un medidor de cloro, cumplimentándose aún hoy en día las actas de inspección a mano", lamentan.

En cuanto al transporte, reclaman que es  imprescindible, ya que deben desplazarse dentro  de  la totalidad del territorio, desde las zonas céntricas de las ciudades hasta zonas remotas y de difícil acceso en muchas ocasiones sin asfaltar.

En este sentido, admiten que recientemente se han dotado de algunos vehículos en algunas islas, pero resultan “a todas luces insuficientes para cubrir las necesidades reales de los servicios de inspección”.

FALTA DE REGULACIÓN

El colectivo de Inspectores de Salud Pública acusa también la falta de regulación en el sector, ya que actualmente no cuenta con ningún reglamento específico que establezca y ordene sus funciones.

Además, destacan que son el único colectivo sanitario del Servicio Canario de Salud que no tiene regulado la nocturnidad, las guardias localizadas, la turnicidad, o el trabajo en festivos, y donde los sistemas de guardias, 24 horas durante los 7 días de la semana, necesarios para dar cumplimiento a la normativa europea, no están establecidos legalmente.

Además, desde la asociación denuncian que llevan más de una década solicitando mejoras en el sector. De hecho, en 2006 se movilizó el colectivo con protestas que afirman que “fueron  acalladas  con  promesas incumplidas”. En el año 2018, tras la crisis económica, la Asociación retomó las reivindicaciones y asegura que los compromisos no se cumplieron.