Inspector veterinario: “En Canarias la garantía de la seguridad alimentaria está en tela de juicio”

La huelga convocada por el colectivo de inspectores de salud pública de Canarias, formado por farmaceúticos y veterinarios, dio comienzo el día 31 de mayo. Con ella, el sector pretende denunciar “la inaceptable situación de precariedad” en la que se encuentran los servicios de inspección sanitaria en el archipiélago. La asociación ha convocado el siguiente paro de la huelga el próximo 21 de junio.

Según ha informado a Animal’s Health Ismael Sánchez Pajares, inspector de sanidad y veterinario, este primer paro de la huelga ha contado con una participación del 70% de los inspectores. Sin embargo, aclara, la consejería ha establecido un porcentaje del 42%, pues se ha basado en el total del personal de administración y servicio clínico.

Además del paro, el colectivo ha llevado a cabo una serie de protestas frente a la Consejería de Sanidad y el Parlamento regional en Santa Cruz de Tenerife, así como en la plaza del Dr. Rafael O'Shanahan de Las Palmas de Gran Canaria, donde se ubica la Presidencia del Gobierno.

Ahora, Sánchez Pajares afirma que si no se produce ningún tipo de respuesta por parte de la administración, se plantean otras medidas "como el cese en el uso de los vehículos y celebrar más manifestaciones”, anuncia. Y es que de momento las autoridades no se han pronunciado: “Dos días antes del primer paro tuvimos una reunión con el director del Servicio Canario de Salud”, señala, aunque lamenta que en esta reunión no se presentó ninguna propuesta.

“Únicamente solicitaron tiempo para poder valorar la posibilidad de darnos una solución, pero no tienen ninguna propuesta específica sobre la mesa”, denuncia, y añade que todos los trámites que se han iniciado nunca han llegado a cerrarse.

RECLAMAN MÁS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

“Somos la comunidad autónoma que tiene menos inspectores”, asegura, y apunta además que actualmente cuentan con un inspector por cada 25.000 habitantes, "por debajo de la media nacional". Con estas condiciones, el inspector insiste en que cada vez resulta más difícil cumplir con la normativa europea. “Hacemos lo que podemos con el tiempo y los medios de los que disponemos. No damos abasto para las gestiones que deberíamos hacer y los programas que deberíamos seguir”, señala.

Por ello, solicitan que la plantilla se dote con medios personales suficientes. Además, piden también la mejora de las dotaciones materiales ya que, tal y como recuerda Sánchez, las instalaciones resultan “especialmente pobres”. Por ejemplo, resalta que siguen haciendo uso de sus propios vehículos a falta de otra alternativa. La opción del transporte público, apunta, tampoco resulta útil cuando se trata de lugares de difícil acceso, como los mataderos.

De esta forma, el veterinario destaca que el colectivo “carece completamente de medios". "Seguimos haciendo las inspecciones con papel y bolígrafo”, lamenta.

Tras la pandemia de Covid-19 la carga de trabajo se ha incrementado para los inspectores, ya que, tal y como cuenta Sánchez, se ha asignado al colectivo la labor de verificación de cumplimiento de las medidas de seguridad en los locales y establecimientos, por lo que vaticina un aumento aún mayor de las inspecciones cuando se reactive el turismo en Canarias.

“Sin una regularización del sector no se puede garantizar la seguridad tampoco en el cumplimiento de las medidas para prevenir el contagio de Covid-19 y eso es algo que la opinión pública debe saber. Siempre nos dan por hecho, y está bien porque todas las medidas que hacemos tienen que estar controladas y ser discretas para no crear alarma, pero la sociedad debe saber que nosotros somos garantes de la seguridad”, afirma.

ACUSAN LA FALTA DE REGULACIÓN EN EL SECTOR

Por otro lado, Sánchez incide en la falta de regulación existente en el sector. “El resto de cuerpos de salud pública cuentan con un reglamento, nosotros no. Sin regulación la carga de trabajo es completamente inasumible”, apunta.

Ismael Sánchez Pajares ha querido poner también de relevancia del papel que juegan los veterinarios en la salud pública, una función que considera invisibilizada. “Los consumidores a la hora de comprar no se plantean si el producto viene de una península con brucelosis. Se da por hecho que todos los productos que salen al mercado son seguros, y es porque nosotros velamos por esa seguridad. Pero este trabajo no está tan visibilizado”, explica.

Además, afirma que “ahora mismo en Canarias la garantía de la seguridad alimentaria está en tela de juicio”,  y pone el foco en la labor que llevan a cabo en los mataderos. “Somos los veterinarios oficiales en los mataderos y supervisamos el estado sanitario en el que se encuentran los animales para evitar que padezcan enfermedades que puedan ser transmisibles a los seres humanos; hacemos un control de zoonosis y somos nosotros los que establecemos que carne es apta y que carne no lo es”.

Sin embargo, reivindica que no solo realizan una labor de control en los mataderos, sino que los inspectores veterinarios cargan con “el peso de toda la seguridad alimentaria en todos los ámbitos”, concluye.