El Hospital Veterinario y la Facultad de Veterinaria de Zaragoza se han sumado al paro contra Presvet de este 11 de febrero

Desde el Hospital Veterinario (HVUZ) y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza se han sumado al paro simbólico del día 11 de febrero a las 11 horas.

En este sentido, se ha convocado a todo el personal del Centro (PDI, Estudiantes y PTGAS) a un paro simbólico de las actividades docentes y asistenciales a las 11 de la mañana mediante una congregación en la puerta del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza.

Con esta acción, las instituciones zaragozanas han respaldado la protesta de los veterinarios clínicos de pequeños animales y équidos ante la aplicación del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.

“La disconformidad en este sector de la veterinaria clínica radica en la aplicación de unas medidas de control de prescripción y uso de antibióticos excesivamente rígidas, con unas sanciones económicas desproporcionadas, que resultan excesivas e innecesarias en lo que respecta al tratamiento de los animales no destinados a consumo humano (animales de compañía y équidos)”, han destacado.

Entre las reivindicaciones del sector, destaca que “la burocracia en la receta veterinaria es excesiva y constituye un lastre para el veterinario clínico”. Especialmente, apuntan a las recetas de los medicamentos que se administran en los propios centros, sobrecargan “de una forma inaceptable el trabajo del profesional veterinario. Es totalmente inasumible en centros que realizan hospitalización de 24 h y con turnos de distintos profesionales”.

“Desde la profesión veterinaria se suscribe totalmente el Plan nacional de Resistencia a Antibióticos (PRAN) desde una perspectiva ‘One Health’, pero no se comprende por qué los profesionales médicos reciben formación y los profesionales veterinarios sanciones económicas. No hay diferencia en la formación y conocimientos sobre antimicrobianos y resistencias a antibióticos. Es absolutamente injusto que se ponga en duda la capacidad del veterinario de realizar una correcta indicación, un adecuado uso de la cascada de prescripción y una apropiada toma de decisiones. La sanción mínima es de 3000 euros, cifra absolutamente desproporcionada”, argumentan.

Esas sanciones, critican, obligan a los veterinarios a adaptarse “legalmente a unas fichas técnicas de antimicrobianos incompletas y obsoletas, en muchos casos. Deberían ser los conocimientos, la evidencia científica y el criterio clínico de los prescriptores veterinarios los que deberían prevalecer en caso de duda”.

“No queremos olvidarnos en estos puntos de los compañeros de producción animal, ya que la normativa parece ignorar la dedicación y el compromiso de los veterinarios con la salud pública y el bienestar animal; cuestiona nuestra profesionalidad y limita nuestras actuaciones”, destacan.

Asimismo, lamentan que el sistema Presvet de comunicación de antibióticos “está orientado únicamente hacia la sanción”. “La sobrecarga de trabajo extraordinario que se realiza nunca va a revertir científicamente en la profesión: no se recogen indicaciones clínicas, ni resultados de efectividad, ni estudios sobre resistencias antibióticas de los cultivos que se realizan”, apuntan.

“Se reivindica asimismo la equiparación del IVA de los servicios veterinarios al de los demás profesionales sanitarios. Los centros veterinarios prestan servicios de salud pública no solo tratando a los animales, sino, además, controlando las enfermedades que pueden transmitir a los seres humanos. No resulta coherente, en un marco de salud global, que la atención sanitaria veterinaria continúe gravada con un 21% de IVA, cuando el resto de los servicios sanitarios (medicina, odontología, podología, psicología, fisioterapia, etc.) no lo están”, concluyen.