El Gobierno fijará el precio máximo para estudiar Veterinaria

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Universidades, ha aprobado este martes 5 de mayo la derogación del sistema de horquillas para precios públicos de matriculación en las enseñanzas universitarias, que se introdujo en 2012.

En el Real Decreto Ley, en el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural para hacer frente a la situación derivada de la Covid-19, se ha incorporado una disposición final con la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades.

La disposición aprobada elimina el sistema de horquillas, que para el Gobierno “ha impactado de forma significativa sobre la estructura de precios, incrementando los mismos en términos generales y aumentando la disparidad en dichos precios en función de la Comunidad Autónoma donde se presta dicho servicio”.

El objetivo del Ministerio de Universidades es la reducción este primer año de las tasas de primera matrícula de Grado, para poder reducir progresivamente el resto de las tasas de grado y tasas de las enseñanzas de Máster.

Atendiendo a dicho objetivo, se deroga el marco regulatorio previo que lo impedía, para poder trabajar con todas las comunidades autónomas (CCAA) una bajada progresiva de las tasas a niveles previos a 2011 que beneficie al estudiantado y su acceso a la universidad.

EL PROBLEMA DE LAS FACULTADES DE VETERINARIA

Esta reducción progresiva de las tasas por parte del Ministerio tiene la intención de facilitar el acceso a los estudios universitarios, aunque el sector veterinario no tiene un problema de falta de profesionales titulados, sino justo el contrario.

Y es que en España hay 13 facultades de Veterinaria de las que salen cada año más de 1.300 veterinarios, muy por encima de las necesidades del país. A pesar de su amplia oferta, la demanda de la carrera es alta, y se suele encontrar entre los grados con mayor nota de corte en las pruebas de acceso a la universidad.

Reducir las plazas es el principal objetivo de la Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades de Veterinaria de España, que ha elaborado informes en los que remarca que España es el país con más veterinarios por habitante de Europa.

Este problema preocupa profundamente al sector y, de hecho, personalidades como el presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid (Colvema), Felipe Vilas, han insistido en varias ocasiones en que, de no solucionarse el problema, “condenará” a las futuras generaciones.

EL SISTEMA DE HORQUILLAS

La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades establece en su artículo 81 que los precios públicos los establecen las CCAA. Este artículo se modificó con el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, más conocido como “el tasazo”, en el que se establecía por primera vez el sistema de horquillas para precios públicos.

En la actualidad, para los estudios oficiales de grado, este Real Decreto fija que los precios públicos han de cubrir entre el 0-25% de los costes en primera matrícula, entre el 30-40% de los costes en segunda matrícula; entre el 65-75% de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90-100% de los costes a partir de la cuarta matrícula.

El resultado de este sistema de horquillas es que, en el caso de la primera matrícula, las CCAA tienen la posibilidad de financiar la totalidad de su coste haciendo que sea gratuita para el alumnado, de manera que, al no haber precio público como tal, se consideraría que cubre el 0% de los costes de la prestación de este servicio.

En el otro extremo, para el alumnado que se matricula por cuarta vez, las CCAA podrían hacerle pagar un precio que cubra la totalidad del coste (entre el 90-100%).

AUMENTO DE PRECIOS Y DESIGUALDAD ENTRE COMUNIDADES

Este sistema de horquillas se empezó a implantar en el curso 2012-13 y, desde entonces, el Gobierno asegura que se ha producido un aumento del precio medio por crédito, si comparamos los precios del curso 2011-12 con respecto a los del curso 2018-19.

Además, existe una disparidad de precios entre las diferentes CCAA. Esta desigualdad territorial en la fijación de precios públicos también genera problemas de equidad en el acceso a los estudios universitarios, con el riesgo de poner en situación de exclusión social a las estudiantes que no disponen de suficientes recursos económicos para afrontar sus estudios e incentivando el abandono de los estudios universitarios por motivos económicos.

Una vez modificado el marco legislativo que impedía una regulación de la estructura de precios en términos más democráticos y equitativos, se trabajará en el diálogo en la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), en la que está presente tanto el Ministerio de Universidades como el conjunto de CCAA, para fijar el precio máximo de primera matrícula de Grado a partir del próximo jueves 7 de mayo.