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La Fiscalía exime de responsabilidad penal a la veterinaria del brote de listeriosis de 2019

El Ministerio Público señala la falta de medios del propio Servicio de Inspección y la sobrecarga de trabajo por la escasa dotación de veterinarios oficiales para el distrito de Sevilla

Fachada del Palacio de Justicia de Sevilla.
Fachada del Palacio de Justicia de Sevilla.

La Fiscalía exime de responsabilidad penal a la veterinaria del brote de listeriosis de 2019

El Ministerio Público señala la falta de medios del propio Servicio de Inspección y la sobrecarga de trabajo por la escasa dotación de veterinarios oficiales para el distrito de Sevilla

Jorge Jiménez - 11-10-2022 - 17:00 H - min.

Este martes 11 de octubre, la Fiscalía de Sevilla ha hecho público su escrito de acusación en la causa abierta contra la empresa Magrudis, en relación con el brote de listeriosis en carne mechada del año 2019, que provocó cuatro fallecidos, múltiples abortos y multitud de intoxicados, de los que 254 han sido identificados por el juzgado.

En su escrito, al que ha podido tener acceso Animal’s Health, el Ministerio Público revisa la imputación de la veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla responsable del control de Magrudis, y concluye que no se considera que su conducta “constituya imprudencia grave que determine su responsabilidad penal”.

No obstante, la Fiscalía sevillana sí que precisa que la actuación de la veterinaria implicada debe “generar responsabilidad de tipo civil del Ayuntamiento de Sevilla, por la falta de control sanitario y de autorizaciones que le competen”.

Asimismo, la Fiscalía apunta que “la actuación del Servicio de Inspección Veterinaria del Ayuntamiento fue, sin duda, deficiente, ya que no se llevó a cabo la frecuencia de las inspecciones conforme a la normativa vigente”.

A este respecto, destaca que, si bien esto implica un incumplimiento de las funciones de garantía y supervisión, “ello se deriva, en gran parte, de la falta de medios del propio Servicio de Inspección y la sobrecarga de trabajo, por la escasa dotación de personal, a la vista de la existencia de solo nueve veterinarios oficiales para todo el distrito de Sevilla”.

En cuanto al resto de implicados, la Fiscalía pide por el delito contra la salud pública, a cada acusado —excepto para el arquitecto contratado para la legalización de la empresa Magrudis—, 4 años de prisión y multa de 9 meses.

Además, solicita de 6 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave a cada acusado excepto al arquitecto.  Por otro lado, para las entidades mercantiles Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario, pide una multa de dos años, con una cuota diaria de 50 euros, y su disolución como sociedades.

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