El veterinario aclara la muerte por salmonelosis del Carnaval gaditano

En 2016, durante la celebración de una de las fiestas más importantes de la Tacita de Plata, el Carnaval de Cádiz, se produjo una intoxicación masiva en un bar de la ciudad gaditana, resultaron afectadas 165 personas originarias de diez provincias españolas diferentes.

De esas personas, una acabó falleciendo a causa de una toxoinfección alimentaria por salmonela, según detalló el informe del forense. Concretamente, todas las personas se vieron afectadas debido a la ingesta de bocadillos de tortilla en mal estado.

Por ello, el Juzgado de Instrucción abrió una investigación para determinar la responsabilidad en los hechos del propietario y los trabajadores del establecimiento. En su momento, los responsables de Salud de la Junta de Andalucía, en una rueda de prensa ante los medios, señalaron de manera directa al bar destacando como principal causa la pésima manipulación y conservación del producto pero no se llegó a precisar la implicación de la granja en esta intoxicación.

LA GRANJA NO REALIZÓ AUTOCONTROLES DE SALMONELA

Si bien, ahora el caso parece haber dado un vuelvo tras un informe veterinario de la Junta de Andalucía solicitado por el Juzgado de Instrucción.

Dicho informe elaborado por el inspector veterinario del departamento de Sanidad Animal, aclara que, tras una inspección tres días después del brote en la granja avícola que surtió de huevos al bar se apreció la existencia de "riesgo para la salud pública" y se dictaminó la "inmovilización cautelar de las gallinas de la nave", según recoge Diario de Cádiz.

Además, detectaron que “faltaba por realizar el autocontrol de salmonela que resulta preceptivo cuando la edad de las gallinas está comprendida entre las 22 y las 26 semanas de vida". Los referidos controles en las aves productoras deberían haber sido practicados obligatoriamente entre el 21 de diciembre de 2015 y el 18 de enero de 2016 y, sin embargo, no se realizaron, lo que motivó que se instruyese un expediente sancionador contra el dueño de la granja, una sanción de 600 euros y el sacrificio de todas las gallinas, 2.490 ejemplares.