El Consejo de Ministros aprueba una nueva regulación para autónomos

Los autónomos tendrán una mayor protección social, con un “verdadero derecho a paro”, según ha especificado la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, a cambio de un incremento de las cotizaciones. Estas medidas han sido aprobadas por el último Consejo de Ministros del año 2018, y afectarán en uno u otro modo al sector veterinario, ya que según el estudio Veterinaria 2030, publicado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (Colvema), solamente en este Colegio, un 40% de sus colegiados trabajan como autónomos.

Mediante esta medida implantada por el Real Decreto del Consejo de Ministros, según ha declarado Magdalena Valerio, España se sitúa a la cabeza de los países que otorgan una mayor protección para los autónomos, junto con Luxemburgo. Entre las medidas que se contemplan en relación con este colectivo de trabajadores, se encuentra el incremento del 1,25% de la base mínima de cotización a partir del año próximo. Esto supone que la base mínima subirá hasta los 944,35 euros mensuales en el año 2019, frente a los 932,7 actuales. Por su parte, la cuota mensual de los autónomos queda en 283,3 euros mensuales, lo que supone un incremento de 5,36 euros respecto de la cuota actual.

También, los cambios aprobados por el Consejo incluyen que todos los autónomos estarán obligados a cotizar por contingencias profesionales, incapacidad temporal, cese de actividad y formación, eliminándose la opcionalidad que existía hasta la fecha. Además, se han modificado las condiciones en las que se podrá acceder a la prestación por desempleo por parte de los autónomos, cuyo tiempo mínimo ha pasado de ser de 2 a 4 meses, y el máximo de 12 a 24, todo en función de los meses cotizados por autónomo.

Con estas nuevas medidas, desde el Gobierno se ha lanzado una advertencia en cuanto al Real Decreto aprobado, y es que se va a incluir una modificación de la ley de sanciones. El objeto de ello es evitar que los empresarios conviertan a sus trabajadores en falsos autónomos para ahorrarse cotizaciones. A este respecto, las penalizaciones irían desde los 3.000 euros a los 10.000.