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PROFESIONALES

Colvema pedirá personarse en el juicio de los criaderos ilegales

Los servicios jurídicos del Colegio de Veterinarios de Madrid van a contactar con el juzgado que tramita el caso de los criaderos ilegales de chihuahuas y pomeranias de la comunidad, para personarse como parte interesada

Esther Tortuero, vocal de Deontología del Colegio de Veterinarios de Madrid.
Esther Tortuero, vocal de Deontología del Colegio de Veterinarios de Madrid.

Colvema pedirá personarse en el juicio de los criaderos ilegales

Los servicios jurídicos del Colegio de Veterinarios de Madrid van a contactar con el juzgado que tramita el caso de los criaderos ilegales de chihuahuas y pomeranias de la comunidad, para personarse como parte interesada

Francisco Ramón López - 30-01-2020 - 12:49 H

El pasado jueves 23 de enero, trascendía una operación por parte de la Policía Nacional en la que se detuvo a 5 personas, entre ellas 2 veterinarios, y se rescataron a 270 perros que se encontraban en 2 criaderos ilegales de chihuahuas y pomeranias ubicados en las localidades madrileñas de Meco y Arganda del Rey.

Poco después, el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (Colvema) lanzaba un comunicado en el que informaba de su colaboración con la Policía y condenaba los hechos, y adelantaba que la Comisión de Deontología iniciaría las acusaciones que procedieran.

La vocal de Deontología de Colvema, Esther Tortuero, explica a Animal’s Health los pormenores del caso y el funcionamiento de este organismo, que estudia reclamaciones de mala praxis para conocer si los colegiados cumplen el código deontológico.

Tortuero explica que solo en el año 2019 se revisaron 118 reclamaciones. En cuanto a la naturaleza, señala que son de todo tipo, aunque una muy común es la de propietarios descontentos con los servicios.

La vocal apunta que cuando se estudian, en la mayoría de ocasiones no se detectan casos de violación del código deontológico, sino más bien de situaciones en las que entran en juego el desconocimiento o la urgencia del momento. De hecho, de esas 118 reclamaciones, solo 8 terminaron convertidas en expedientes sancionadores.

De estos expedientes, buena parte consistieron en temas relacionados con la mala cumplimentación de certificados oficiales y cartillas. Es por esto por lo que el colegio intenta transmitir a sus colegiados que tienen una serie de obligaciones y concienciarlos sobre “el peso de la firma”. “Los veterinarios tienen que ser conscientes de la importancia de la custodia de los documentos públicos”, insiste Tortuero.

CAUTELA A FALTA DE INFORMACIÓN DE LOS JUZGADOS

Por lo que se conoce por los medios, este sería el caso de los veterinarios implicados en la trama de criaderos ilegales de Madrid, aunque Tortuero pide cautela ante la falta de información oficial por parte de los juzgados.

De hecho, apunta que el servicio jurídico del Colegio está pendiente del caso y está tratando de averiguar en qué juzgado se están llevando a cabo las diligencias para personarse como parte interesada o para, por lo menos, ser informados.

Por tanto, de momento, esta falta de información no les está permitiendo trabajar, ya que ni siquiera saben la situación de los veterinarios, si ya están en libertad con o sin cargos o simplemente quiénes son.

Tortuero espera que, en el peor de los casos, por lo menos las identidades trasciendan cuando, previsiblemente, el juzgado les pida que corroboren si los acusados —si se llega a producir la acusación— están colegiados.

La vocal admite que en esta ocasión ni siquiera se puede adelantar trabajo y preparar el acuerdo de inicio de la propuesta de sanción a la espera de la resolución judicial. Y es que Tortuero indica que esta es la forma de trabajar, ya que no se pueden tramitar dos procedimientos, en este caso otro paralelo al judicial, por los mismos hechos.

En cuanto al tiempo que habría que esperar para que los expedientes posteriores al juicio se resolvieran, los tiempos con los que se juega una vez abiertos los expedientes sancionadores están regidos por la ley de procedimientos administrativos, que deja 3 meses de plazo para resolver.

Respecto a las posibles sanciones que les podrían esperar a los veterinarios presuntamente implicados, en los estatutos del Colegio está recogido desde el apercibimiento o advertencia, la más leve, hasta las graves o muy graves.

Las graves o muy graves pueden consistir en sanciones monetarias, de 1 a 3 cuotas colegiales en el caso de las graves y de 3 a 5 en las muy graves. Además en el caso de las muy graves existe la opción de la inhabilitación hasta 2 años.

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