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PROFESIONALES

Covid-19: Le impiden llevar a su perro al veterinario en el pueblo de al lado

La Guardia Civil impidió a la propietaria de un perro acudir a su veterinario, que se encuentra en la localidad vecina, por considerar que no era una urgencia y que no encajaba en las excepciones al cierre perimetral de la provincia de Sevilla

Imagen de archivo de un control de la Guardia Civil.
Imagen de archivo de un control de la Guardia Civil.

Covid-19: Le impiden llevar a su perro al veterinario en el pueblo de al lado

La Guardia Civil impidió a la propietaria de un perro acudir a su veterinario, que se encuentra en la localidad vecina, por considerar que no era una urgencia y que no encajaba en las excepciones al cierre perimetral de la provincia de Sevilla

Redacción - 09-11-2020 - 12:00 H

España vuelve a estar en estado de alarma para contener el coronavirus y se ha establecido en todo el territorio el toque de queda entre las 23 y las 6 horas. Además, este decreto permite a las comunidades llevar a cabo cierres perimetrales de todo su territorio, además de provincias o municipios.

Esto fue lo que hizo Andalucía la semana pasada, cuando decidió aplicar el cierre perimetral en la comunidad, además del cierre de todos los municipios de las provincias de Granada, Jaén y Sevilla.

De esta forma, los habitantes de los municipios confinados no pueden abandonar el término municipal salvo por razones justificadas hasta el 9 de noviembre. Respecto a la necesidad de tener que acudir al centro veterinario, el decreto de estado de alarma lo recoge como una causa justificada a la que no aplican estas restricciones de movimiento, pero hay un matiz: establece la obligatoriedad de que se acuda a la clínica con motivo de urgencia.

Precisamente, una patrulla de la Guardia Civil se acogió a este motivo cuando decidió impedir, este jueves 5 de noviembre, que una propietaria del municipio de Constantina acudiera con su perro —que sufría de hematuria (orina en sangre) — a su veterinario de confianza, que tiene la clínica en el municipio vecino de Lora del Río.

Animal’s Health ha hablado con Sara Roldán, que trabaja en el centro veterinario de la afectada. La veterinaria critica la actitud de los agentes, que no atendieron a las explicaciones de la propietaria, que contaba con un justificante de desplazamiento firmado en el que explicaban el caso y asegura que la propietaria contaba con todos los datos de identificación pertinentes.

Sin embargo, la Guardia Civil, que hacía guardia a la salida de la localidad, consideró que su situación no era motivo de urgencia, y le instó a acudir a un veterinario de su propio municipio. Roldán explica que la propietaria les llamó por teléfono comentándoles la situación, y lamentó que los agentes no prestaron ninguna atención al informe veterinario.

UN AGENTE NO DEBE CUESTIONAR LO QUÉ ES UNA URGENCIA

“Ellos no son profesionales veterinarios para saber qué es una urgencia y qué no, y la orina en sangre puede ser indicativo de una patología grave y motivo de urgencia”, advierte la veterinaria, que recuerda que puede ser desde una hemorragia interna por envenenamiento a una obstrucción uretral o incluso una insuficiencia renal.

Roldán lamenta la actitud de estos agentes a la hora de interpretar lo que es una urgencia, dando por sentado que esto debe significar la muerte inminente del animal, sin tener en cuenta su bienestar y el hecho de que si no se le atiende adecuadamente y se retrasa su tratamiento, más allá del riesgo para su vida, puede generarle dolor.

En este caso la titular del perro, no conforme con la decisión de los Guardias Civiles, intentó esperar y dialogar con los agentes para que los veterinarios pudieran atender a su mascota, pero incluso los compañeros que sustituyeron a la patrulla en el cambio de guardia tampoco le permitieron seguir su camino. Finalmente, la responsable del animal de compañía tuvo que desistir.

Roldán explica que la propietaria, derrotada, les llamó y les comentó que trataría de buscar una clínica veterinaria en su pueblo, algo que nunca había hecho. Esto, para la veterinaria puede suponer un problema, pues el agente desconoce si el centro veterinario al que obliga a acudir a un ciudadano cuenta con todo el equipamiento necesario para atender a ese paciente animal en concreto. Y es que hay que apuntar que Constantina es un pequeño pueblo de cerca de 6.000 habitantes.

“Los agentes no saben la relación que puede tener un cliente con la clínica veterinaria de su pueblo, porque puede haber incluso cuestiones personales”, añade la veterinaria, y apunta que, en el peor de los casos, puede significar que el propietario retrase incluso días el tratamiento de su animal. La veterinaria destaca también la importancia de que el veterinario que atiende a un animal cuente con todo su historial clínico para atenderlo de la mejor manera posible.

La veterinaria recuerda que los servicios veterinarios se consideran esenciales durante los estados de alarma y condicionar su trabajo supone una extralimitación de las funciones de las fuerzas de seguridad, por lo que asegura que pondrá el caso en conocimiento del colegio de veterinarios de su provincia para evitar que vuelvan a producirse este tipo de situaciones con otros compañeros de la profesión, que al fin y al cabo comprometen la salud y el bienestar animal.

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