La justicia anula los servicios mínimos de una huelga de veterinarios

El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (Sivecal), a través de la Organización Sindical en la que se encuentra federado, Uscal, “en su afán por defender los derechos de los funcionarios de la Junta de Castilla y León”, convocó una huelga del personal veterinario que ejerce su trabajo en cualquiera de los mataderos de la provincia de Palencia, a lo largo de los días 18 a 24 de diciembre de 2018, ambos incluidos, y ante la "abusiva" Orden de Servicios Mínimos publicada por la Junta, planteó recurso al que ahora la justicia ha dado la razón.

Pero no sólo son abusivos esos mínimos, son abusivos los horarios que se imponen a estos trabajadores, las jornadas de trabajo en sábados y festivos, los horarios nocturnos, la falta del preceptivo descanso diario y semanal en determinadas épocas del año, la superación del máximo de 48 horas semanales marcadas por la normativa con jornadas que llegan en algunos casos a las 14 horas/día y sin el preceptivo descanso de 12 h. entre turnos; y por ende la falta de posibilidad de conciliación de la vida familiar, insisten desde Sivecal, precisamente en épocas como Navidades, Semana Santa, puentes, etc.

"Se incumple con los veterinarios el Decreto 59/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula la jornada, el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario de la administración de la Comunidad de Castilla y León. Se incumple el Estatuto de los Trabajadores de aplicación al no existir norma específica al respecto ni convenio, ni acuerdo entre las partes. Se incumple la Directiva 2003/88/CE de 4 de noviembre de 2003 relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo", denuncian desde Sivecal.

Lo que más preocupa al Sindicato de Veterinarios es que la Junta “no tiene ninguna sensibilidad con estos trabajadores sanitarios”, ni tiene en cuenta las especiales características del trabajo de los veterinarios en los mataderos.

“No podemos olvidar que son los únicos funcionarios que desempeñan toda su jornada fuera de las oficinas propias de la administración, en empresas donde sus condiciones laborales están caracterizadas por  los esfuerzos físicos intensos y repetitivos, los ambientes agresivos para la salud (calor y frío extremos), determinado tipo de jornadas (como trabajo nocturno, turnos rotativos y trabajos en fiestas y fines de semana), riesgo de contraer zoonosis y otras patologías, alto grado de estrés, y trabajo marcado por el ritmo de cadenas de producción que no se detienen”, señala el sindicato.

Además, en el caso de jornadas especiales el número de veterinarios no corresponde al total de la plantilla, por lo que aquellos que tienen que trabajar esos días tienen una sobrecarga laboral importante. En definitiva, se produce un escenario en el que los peligros, la penosidad y el grave riesgo para los trabajadores públicos son constantes e ilimitados.

MALAS CONDICIONES LABORALES

A mayor abundamiento, al contrario que lo que hace con otros colectivos, no se les abona desplazamiento hasta el puesto de trabajo ni se les facilita vehículo para realizarlo, no se les paga dieta de manutención, aunque las jornadas empiezan por la mañana y continúan en muchos casos por la tarde.

“A pesar de que el trabajo de estos funcionarios genera al erario público, sólo en tasas por su labor inspectora de carnes, más de diez millones de euros en el conjunto de los mataderos de Castilla y León. Además del incuantificable valor en vidas y económico de su contribución a la salud pública, impidiendo la entrada en la cadena alimentaria de riesgos (residuos como antibióticos, fármacos y otras sustancias nocivas) y la detección de patologías animales que producen pérdidas importantes en la cabaña ganadera, además de zoonosis”, señalan.

Asimismo apuntan que, “incomprensiblemente”, estos sanitarios no pueden disfrutar de lo regulado para el resto de colectivos sanitarios, pues la Junta no les considera como tales y como ejemplo aun habiendo sido considerados esenciales y trabajado durante toda la pandemia de forma continuada no se les ha abonado la gratificación que sí se ha abonado a los asistenciales; y ni tan siquiera se les ha valorado y reconocido públicamente, "que es lo más triste".

“Por ello, la mencionada sentencia adquiere más valor que nunca, porque tarde o temprano desde esta organización sindical tendremos que convocar nuevas movilizaciones en defensa de los profesionales de la Salud Pública, que en base a la mencionada sentencia tendrán más contundencia y efectividad, pues los Servicios Mínimos que se nombren, tendrán que estar suficientemente motivados y no podrán ser de nuevo abusivos, arbitrarios, injustos e ilegales”, señalan.

Y por tanto, con esta nueva sentencia (recuerdan que no hace mucho consiguieron que se anulara también el Catálogo de Puestos Tipo y todas las Relaciones de Puestos de Trabajo de los funcionarios de la Junta) demostraron que, “como venía siendo costumbre reiterada por parte de la Administración de la Junta de Castilla y León, la falta de motivación y justificación en sus decisiones era una constante en sus actuaciones, aun tratándose, como es el caso, del ejercicio de un derecho fundamental”.

“Por parte de USCAL reiteramos nuestra apuesta por la legalidad y por los derechos de los funcionarios públicos de Castilla y León”, concluyen.