El Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña reclama la derogación del Real Decreto 666/2023

El Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña (CCVC), junto al Colegio de Veterinarios de Barcelona, ha presentado alegaciones al proyecto de modificación del Real Decreto 666/2023 de medicamentos veterinarios, en la que han pedido su derogación o, en su defecto, “una reforma integral profunda”.

Los colegios catalanes consideran que el actual marco normativo en materia de medicamentos veterinarios “compromete la libertad de criterio clínico, principio esencial de las profesiones sanitarias, e impone una carga administrativa desproporcionada”.

Como cuestión principal, las entidades solicitan la derogación del reglamento al entender que su rigidez y la interpretación realizada por la Administración no es adecuada para la práctica clínica. “La normativa no puede convertir protocolos orientativos en mandatos tajantes que anulen la valoración individual del profesional”, critican.

Además, subrayan que “la ciencia veterinaria evoluciona constantemente mientras que muchas fichas técnicas de medicamentos quedan desactualizadas”. Por todo ello, el Consejo defiende un ejercicio profesional basado en la lex artis ad hoc, con decisiones fundamentadas en la evidencia científica actualizada.

En caso de que no se produzca la derogación, las entidades plantean una reformulación integral de la normativa que refuerce el criterio clínico veterinario, reduzca sustancialmente la burocracia, ajuste las exigencias al riesgo real para la salud pública y evite “sobrerregulaciones nacionales injustificadas que vayan más allá del derecho europeo”.

En general, el objetivo de esta reformulación integral es “garantizar la protección de la salud pública y el bienestar animal sin limitar injustificadamente el criterio clínico ni frenar la evolución de la ciencia veterinaria”.

SOBREREGULACIÓN Y SISTEMA PRESVET: CARGA ADMINISTRATIVA DESPROPORCIONADA

Otro de los puntos centrales de las alegaciones es la crítica al sistema de notificación de prescripciones de antimicrobianos, Presvet. En este sentido, las entidades consideran que la notificación individualizada de prescripciones no está exigida por la normativa europea y que el control del volumen de antimicrobianos puede realizarse mediante el seguimiento de las ventas. Asimismo, califican de desproporcionado el régimen sancionador asociado.

A su juicio, esta “sobrerregulación” puede provocar retrasos asistenciales, incremento de costes, afectación de la continuidad de los tratamientos, especialmente en el ámbito rural, y una mayor presión y sobrecarga administrativa sobre los profesionales veterinarios.

Las entidades también señalan la necesidad de aplicar en la clínica de équidos no destinados a consumo las mismas normas que en los animales de compañía. “La traslación casi automática de exigencias propias de la ganadería intensiva en este ámbito se considera injustificada” y, según exponen, “puede dificultar la aplicación de protocolos clínicos adecuados”.

USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y SOSTENIBILIDAD

En lo relativo a la sostenibilidad, los veterinarios catalanes inciden en su compromiso con la lucha contra las resistencias antimicrobianas, el uso racional de medicamentos, la sostenibilidad y la reducción del desperdicio de medicamentos.

En este ámbito, entre las medidas propuestas, destacan facilitar la cesión de medicamentos para garantizar la continuidad de los tratamientos en todos los ámbitos de la clínica, incluyendo animales de compañía, équidos y animales de producción; evitar el desperdicio cuando los formatos comerciales superan la cantidad necesaria; y promover prácticas alineadas con las recomendaciones internacionales. En este sentido, advierten de que “una regulación excesivamente rígida puede generar el efecto contrario al deseado, con más costes, más residuos y menor eficiencia terapéutica”.

“La profesión veterinaria mantiene un firme compromiso con la protección de la salud pública y el bienestar animal. Sin embargo, defiende que estos objetivos deben alcanzarse mediante una normativa proporcionada, técnicamente sólida y coherente con la evolución científica. La regulación debe proteger la salud pública, pero también debe confiar en el criterio clínico de los profesionales y en la evidencia científica actualizada”, concluyen.