Condena histórica en España por hacerse pasar por veterinario

El Juzgado de lo Penal n.º 1 de Mérida ha condenado este miércoles, 8 de noviembre de 2023, a J.T.G. a la pena de dos años de prisión por un delito de intrusismo profesional al ejercer ilegalmente como veterinario.

El condenado, careciendo de la titulación requerida para realizar las labores propias de la profesión veterinaria, realizó de manera continuada en el tiempo, aproximadamente desde 2018, diversas actuaciones reservadas a los veterinarios, tales como la administración de vacunas antirrábicas a varios perros, así como diagnósticos clínicos o la desparasitación de animales, firmando formularios de identificación canina.

Durante el periodo en el que el condenado suplantó la condición de veterinario también tramitó los correspondientes documentos sanitarios oficiales a animales de compañía, comprando medicamentos de uso exclusivo veterinario y atribuyéndose fraudulentamente un número de colegiado del Colegio de Veterinarios de Cáceres, así como emitiendo varios certificados veterinarios.

El Colegio de Veterinarios de Cáceres, junto al Colegio de Veterinarios de Badajoz, ha actuado como acusación particular en el proceso judicial penal. A la condena penal emitida por el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Mérida, de dos años de prisión, se le han sumado las costas legales originadas durante el procedimiento.

Desde el Colegio de Veterinarios de Cáceres, su presidente, Juan Antonio Vicente, destaca la importancia de la sentencia, pues se trata de una de las condenas más altas conseguidas por intrusismo profesional en todo el territorio nacional.

Asimismo, ha instado a todos los ciudadanos a poner en conocimiento del Colegio la realización de cualquier acto que pudiera ser constitutivo de usurpación de funciones, garantizando la actuación de la institución colegial cacereña en persecución de toda conducta infractora.

Por último, desde el Colegio de Veterinarios recuerdan que el ejercicio de la veterinaria se engloba en el ámbito sanitario, por tanto, este tipo de infracciones pueden suponer un riesgo para la salud y bienestar animal, la salud medioambiental y la salud pública.