Las clínicas veterinarias de Ceuta se suman al cierre de puertas contra Presvet

El pasado viernes 31 de enero, Animal’s Health adelantaba que el Colegio de Veterinarios de Málaga decidía apoyar la movilización convocada por la asociación malagueña de veterinarios especialistas en pequeños animales (AMVEAC), en la que más de 300 centros veterinarios estaban llamados al cierre simbólico de sus puertas.

“Los veterinarios clínicos de Málaga que atienden a los animales de compañía se oponen a algunas obligaciones impuestas por el Real Decreto 666/2023, por considerarlas excesivas, innecesarias y atentatorias contra su dignidad profesional”, señalaban en un comunicado.

Ahora, a esta acción reivindicativa por parte del colectivo veterinario, que tendrá lugar el próximo 11 de febrero, se ha sumado el Colegio de Veterinarios de Ceuta.

“Los veterinarios con actividad clínica de nuestra ciudad autónoma convocan a todos los centros sanitarios veterinarios de Ceuta para que cierren simbólicamente sus puertas el próximo martes 11 de febrero, como protesta de la implementación del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio”, instan en un comunicado los veterinarios ceutíes.

Con esta reivindicación, los veterinarios de Ceuta se unen a la protesta y reclaman al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación “la reforma de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, con el fin de que se permita que los clientes de los centros sanitarios veterinarios puedan recibir en el momento los medicamentos que precisen para completar los tratamientos de sus animales, de modo que se eviten demoras, se prevengan las automedicaciones y se luche más eficazmente contra las resistencias a los antibióticos”.

Además, solicitan “la derogación de la obligación de la comunicación de la prescripción y el uso de antibióticos en los animales de compañía, ya que esta información se viene recogiendo por el sistema ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) desde el año pasado, de modo que se eliminen cargas administrativas innecesarias que impliquen un encarecimiento de los servicios veterinarios”.