Cantabria renueva su confianza en la veterinaria Beatriz Fernández

La veterinaria y directora general de Ganadería de Cantabria, Beatriz Fernández Quintana, fue investigada por la Justicia por un presunto delito de tráfico de influencias. Según la denuncia de la fiscalía, el esposo de Fernández, también veterinario se habría lucrado, presuntamente, con el contrato de una campaña de saneamiento ganadero que supera los 14 millones de euros de presupuesto.

Ante esta situación, Fernández anunció su dimisión, alegando “causas personales” en el mes de abril del año 2017. Posteriormente, en el mes de febrero del 2018, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santander sobreseyó provisionalmente el procedimiento penal abierto contra la que fuera directora general de Ganadería del Gobierno de Cantabria y contra su esposo por la comisión de un posible delito de tráfico de influencias.

La causa se inició por denuncia de la fiscalía y se archivó, precisamente, a petición del ministerio público, quien no encontró pruebas que le permitiesen afirmar que el esposo de la exdirectora de Ganadería se prevalió de su relación marital para obtener un beneficio.

Finalmente, el pasado 23 de julio de 2019, el Gobierno de Cantabria, aprobó su nueva estructura, nombrando los 14 nuevos directores generales. Entre los nombramientos, destacó el de Fernández, que ejerció como directora anteriormente entre julio de 2015 y abril de 2017, y que, ahora, ha sido recuperada por el Gobierno regional para ocupar el puesto que anteriormente abandonó alegando “causas personales”.

Por otro lado, entre los nombramientos anunciados por el Ejecutivo, estuvo el del biólogo Antonio Lucio, quien desde ahora ostentará el mando de la Dirección General de biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático.

El CASO

El auto del juez asume en su integridad y reproduce el informe del ministerio público, que explica que el origen de las diligencias se encuentra en un correo electrónico que el marido de la exdirectora escribió a su letrado y que, por error, reenvió a otra persona y llegó a manos de la administradora concursal de la empresa en la que anteriormente el investigado había trabajado, quien lo puso en conocimiento de la fiscalía.

El investigado es veterinario de profesión y durante años trabajó en la empresa que se encargaba tiempo atrás de la prestación de servicios veterinarios a la cabaña ganadera de Cantabria.

En el momento de producirse los hechos, era otra la empresa encargada de tal actividad, y, ante los problemas surgidos con los ganaderos, la propia Consejería del ramo estaba replanteándose modificar el sistema de vigilancia veterinaria o el cambio de empresa.

En ese contexto, el investigado escribió un correo electrónico a su abogado en el que aludía a la posibilidad de que sea otra empresa la que asuma tales servicios y a que la misma pueda contar con él -que se encontraba en ese momento en situación de paro. En la misiva, el investigado afirmaba haber "empujado" a su esposa y al consejero del ramo a optar por tal empresa, así como que se había entrevistado él mismo con el consejero y éste había considerado que era una idea estupenda.

Al tener conocimiento de la misiva electrónica, la fiscalía presentó denuncia y el Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander inició unas diligencias penales, en el marco de las cuales se tomó declaración a los dos investigados y a cinco testigos: el consejero del ramo, el responsable de la empresa en la que estaba interesado el investigado, dos jefes de servicio de la Dirección General de Ganadería y el presidente de ASAJA.