La brecha veterinaria entre campo y ciudad: ¿Por qué las críticas a Presvet no llegaron a los medios hasta que afectó a las clínicas urbanas?

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España cerró 2023 con 36.989 veterinarios colegiados, lo que supone una densidad media de 0,78 profesionales por cada 1.000 habitantes. Esta ratio, notablemente superior a la media europea, no refleja, sin embargo, una distribución homogénea: las zonas rurales tienen muchas menos clínicas, personal y recursos que las grandes áreas urbanas.

Además, los datos del INE reflejan que más del 46% de los veterinarios tienen entre 45 y 64 años, y un 8,3% son mayores de 65, lo que acentúa el problema en el medio rural, donde la falta de relevo generacional se suma a las dificultades estructurales para prestar asistencia veterinaria regular.

Esta brecha territorial implica que muchas comarcas agrarias, a pesar de albergar una parte significativa de la actividad ganadera, cuentan con una cobertura veterinaria notablemente más baja. Este desequilibrio geográfico condiciona la accesibilidad a los servicios veterinarios, especialmente en comarcas de baja densidad poblacional.

El malestar del colectivo se ha intensificado en los últimos meses a raíz de la aplicación del Real Decreto 666/2023, que regula la prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Concretamente, el texto, publicado en el BOE el 18 de julio de 2023, estableció la obligación de registrar electrónicamente los tratamientos con antibióticos a través del sistema Presvet, inicialmente para animales de producción y, desde el 2 de enero de 2025, también para animales de compañía.

Tras esa ampliación, las protestas se extendieron. Desde el arranque del año, las quejas y manifestaciones se han reproducido por todo el territorio, e incluso han llegado al Congreso, al Senado y a varias cámaras regionales.

LA POLÉMICA CON PRESVET NO LLEGÓ A LOS MEDIOS HASTA 2025

Aunque la plataforma es de uso obligatorio para todos los veterinarios prescriptores, la capacidad de respuesta, visibilidad pública y presión institucional es muy distinta entre regiones, y el tema no llegó a los medios generalistas hasta que no afectó a los veterinarios de animales de compañía, la gran mayoría de ellos localizados en clínicas urbanas.

Además, hay que recordar que alrededor del 50% de los hogares españoles conviven con al menos una mascota. Este fenómeno se suma a la tendencia creciente en la que los animales de compañía son considerados miembros de la familia.

Por ello, este cambio en la estructura familiar y la creciente importancia de las mascotas en los hogares han podido tener un impacto en la percepción y reacción ante normativas que afectan a los animales de compañía, como el Real Decreto 666/2023.

En definitiva, aunque España puede presumir de un ratio alto de veterinarios por habitante, la desigualdad entre zonas urbanas y rurales no solo afecta a la cobertura sanitaria animal, sino que también ha podido influir en la capacidad del sector para hacerse oír. Y esa asimetría podría explicar por qué una misma problemática —como la que plantea Presvet— puede pasar desapercibida durante años, hasta que, en este caso, ha acabado afectando a las clínicas de pequeños animales de las ciudades españolas.