Abogados ven necesaria la creación de un Cuerpo de Veterinarios Forenses en España

En un artículo recientemente publicado, Lourdes Cano García, abogada y miembro de la Comisión de Protección Animal y Medioambiental del Colegio de Abogados de Córdoba, ha advertido de la necesidad de contar con un cuerpo de veterinarios forenses para obtener pruebas incriminatorias suficientes en los procedimientos por delitos contra los animales.

Una necesidad que, según asegura, se manifestó durante una Jornada Jurídica sobre Protección Animal y Medioambiental en el Colegio de Abogados de Córdoba, tanto por la fiscal delegada de Medio Ambiente de la Fiscalía de Córdoba, como por el teniente jefe de la Sección del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil cordobesa.

“Resulta frustrante cómo, a pesar de los loables cambios legislativos y de sensibilidad social respecto al maltrato de que son objeto, en muchas ocasiones no resulta posible conseguir sentencias condenatorias por falta de una prueba pericial imparcial y contundente que confirme la relación causal y las consecuencias del daño sufrido por uno o varios animales”, denuncia Cano en su artículo.

IMPORTANCIA PROBATORIA DE LA PERICIAL VETERINARIA

Es “muy significativo”, apunta, cómo, en supuestos en los que existe prueba suficiente respecto de la autoría del delito, es determinante e imprescindible para una conclusión condenatoria la intervención de un perito veterinario y cita algunos casos en los que la opinión de los peritos fue decisiva.

“Obviamente el perro pudo haber muerto por causa natural derivada o no de una dolencia previa pero tal posibilidad quedó completamente rechazada por el único veterinario que tuvo acceso a su cadáver y que concluyó que esta fue intencional, conclusión que viene corroborada por la documental fotográfica en la que se aprecia que el cuello del animal aparece fuertemente presionado por una soga”, se cita en el texto de uno de los casos.

Por otro lado, la abogada aborda en su artículo todo lo relativo al contenido de la pericial veterinaria. En este sentido indica que, cuando se produce una lesión de un animal, se suscitan una serie de cuestiones que implican la necesidad de recoger el mayor número posible de datos que permitan una reconstrucción lo más exacta posible de los hechos para permitir su análisis por parte de la autoridad judicial y que básicamente se centran en cuándo y cómo ocurrió, qué la produjo, qué consecuencias tuvo, circunstancias concurrentes y quien o quienes pudieron producirlas, así como las características y la situación de la víctima.

“El papel del veterinario resulta esencial desde la primera asistencia, pasando por el control del proceso hasta la emisión del informe de alta. La reconstrucción de los hechos y de las circunstancias que rodean a unas lesiones exige la recogida de la información clínica relevante con precisión y nunca olvidando aquellos detalles que pueden tener una importancia escasa desde el punto de vista clínico asistencial, pero que resultan fundamentales desde la perspectiva pericial”, remarca la abogada.

El tema es muy amplio, destaca, pues existen otras vertientes como la cuantificación económica del daño sufrido por el animal. “No solamente deberán cuantificarse los gastos veterinarios para su sanación, sino también el beneficio que un animal muerto o dañado deja de procurar a su dueño y por supuesto, el daño moral que causa al mismo la pérdida o sufrimiento de su animal de compañía”, explica.

UN CUERPO DE VETERINARIOS FORENSES AL SERVICIO DE LA JUSTICIA

Como medio esencial para la efectividad de la importante reforma legislativa del 2015, señala que resulta necesaria la creación de un cuerpo de Veterinarios Forenses al servicio de la Administración de Justicia, adscrito orgánicamente al Ministerio de Justicia y que, de este Ministerio, o de las comunidades autónomas transferidas en materia de Justicia, ejerzan sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos.

“En definitiva, similar al cuerpo de Médicos Forenses, que supondría además una interesante opción para la profesión veterinaria, desde mi punto de vista, injustamente tratada desde el punto de vista de la Administración”, defiende la abogada en su artículo.

A este respecto, anuncia que desde hace meses la Comisión de Protección Animal y Medioambiental del Colegio de Abogados de Córdoba está trabajando en este objetivo. “Contamos con la plena disposición y entusiasmo de la Fiscalía de Córdoba, del Juez Decano de Córdoba, del Colegio de Veterinarios y de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, cuyos representantes están volcados en este proyecto”, asegura.

También, afirma, será necesario presentar esta propuesta a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, para que en un principio se pueda crear un listado de peritos titulados veterinarios (a elaborar por el Colegio de Veterinarios) adscritos a la jurisdicción penal con retribución a cargo de la Administración, así como la intervención del Departamento de Veterinaria Legal y Forense de la Facultad de Veterinaria.

En definitiva, concluye la abogada, mostrando su punto de vista, deberían procurarse los medios necesarios para la efectividad de la normativa que pena el maltrato animal existente, siendo imprescindible disponer de peritos veterinarios.

Asimismo, apuesta por organizar programas de reeducación del condenado como pena complementaria, la acusación individualizada de los delitos por víctima, de manera que, además de hacer más efectivas las normas que sancionan, se genere una conciencia que evite la comisión y reincidencia de estos delitos.