Los ganaderos celebran una sentencia del Supremo que tumba el espacio mínimo obligatorio de cada cerdo previsto en el RD 159/2023

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad del apartado 4 de la disposición final cuarta del Real Decreto 159/2023, que modificaba las tablas oficiales de densidad, que establecían la superficie de suelo libre de la que debía disponer cada cerdo. Desde la organización agraria ASAJA han celebrado esta sentencia.

De esta, manera, para la organización, “el Tribunal Supremo ha puesto freno a la deriva legislativa del Ministerio de Agricultura”, y “marca un antes y un después para la ganadería intensiva española”, pues consideran que la normativa “pretendía endurecer unilateralmente las condiciones de bienestar animal exigiendo más superficie libre por cerdo en las granjas”.

“Este fallo no es solo una victoria jurídica para la empresa recurrente —la ganadera navarra Granja Los Alecos S.L.—, sino un respaldo total a los argumentos que ASAJA y el resto del sector han defendido ante una Administración que parecía sorda a la realidad económica del campo”, añaden.

Según explican desde ASAJA, “el Alto Tribunal ha sido contundente en su argumentación”. “La nulidad de la norma se basa en un vicio de procedimiento inaceptable: la insuficiencia de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN)”, aclaran.

En este sentido, indican que, cuando el Gobierno aprobó este decreto en marzo de 2023, “aseguró en su memoria económica que la medida tendría un impacto ‘nulo’ o mínimo". “El Supremo ha calificado esta afirmación de irreal. Los magistrados razonan que exigir una menor densidad de animales (más metros cuadrados por cerdo) tiene una ‘innegable repercusión económica’ que el Ministerio ocultó o ignoró deliberadamente”, aseguran.

Y es que, según la organización, para cumplir con las nuevas tablas de densidad, “el ganadero solo tenía dos opciones: reducir su cabaña (y por tanto sus ingresos directos) o acometer costosas inversiones para ampliar las naves”.

“El sector había estimado que la adaptación a estas nuevas normas supondría un coste medio de más de 300.000 euros por explotación o una reducción de la capacidad productiva nacional de entre 4 y 8 millones de cerdos al año (entre un 7% y un 16% de las plazas)”, explican.

VUELTA A LA NORMA ANTERIOR

Desde ASAJA señalan que la anulación tiene efectos inmediatos y directos sobre la planificación de las granjas, y las nuevas tablas de densidad quedan anuladas, y con ello las exigencias de superficie ampliada que imponía el RD 159/2023 para lechones destetados y cerdos de producción.

“Al decaer este apartado, la referencia normativa para la densidad en granja vuelve a ser la establecida en el Real Decreto 1135/2002, eliminando la obligación de acometer obras urgentes o sacrificar rentabilidad reduciendo animales antes de 2025”, apuntan.

La sentencia, afirman, “sienta un precedente y aviso a navegantes para el Ministerio: no se pueden aprobar normativas medioambientales o de bienestar animal (como la futura Ley de Bienestar Animal europea) sin una memoria económica real que cuantifique el daño al productor”.

“Desde Asaja celebramos que el Tribunal Supremo haya puesto ‘negro sobre blanco’ lo que era una evidencia en el campo. Somos los primeros interesados en cuidar nuestro ganado —pero nos oponemos frontalmente a la demagogia legislativa”, celebran.

Y es que consideran “inadmisible que la Administración intente vender como ‘inocua’ una medida que ataca directamente a la línea de flotación de la rentabilidad de nuestras explotaciones”.

“Esta sentencia nos da oxígeno y tiempo, pero debemos seguir vigilantes. La Administración ha recibido un golpe, pero la presión ideológica sobre la ganadería intensiva continúa. Al menos, a partir de ahora, saben que no pueden legislar de espaldas a la calculadora del ganadero sin que la Justicia les pare los pies”, concluyen.

ARAGÓN TAMBIÉN CELEBRA LA DECISIÓN DEL SUPREMO

En la misma línea, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Aragón, Javier Rincón, ha celebrado la sentencia. “El Supremo ha confirmado lo que veníamos defendiendo: cualquier cambio normativo debe basarse en datos y en un análisis económico serio”, ha manifestado. También ha destacado que “Aragón ha actuado con responsabilidad, defendiendo el bienestar animal, pero sin aceptar imposiciones que no tenían en cuenta la realidad de las granjas”.

“La sentencia confirma que las cosas hay que hacerlas con sentido común y escuchando a quienes están cada día en el terreno. Aragón ha defendido una posición equilibrada y hoy se demuestra que era la correcta”, ha añadido.

El Departamento subraya que esta resolución refuerza la posición que el Gobierno de Aragón ha mantenido durante todo el proceso, apostando por regulaciones realistas, evaluadas y capaces de equilibrar bienestar animal, sostenibilidad y viabilidad económica.

Desde el Gobierno de Aragón recuerdan que son el primer productor de porcino de España, con más de 15 millones de cabezas anuales y una capacidad de exportación que superó un valor de 2.200 millones de euros en 2024 (25,7% del total nacional) en 130 países de todo el mundo, con China como principal destino extracomunitario.

“Con esta sentencia, el Ejecutivo autonómico insiste en que futuras normas con impacto relevante sobre la ganadería deberán contar con memorias económicas completas y contrastadas, garantizando seguridad jurídica y estabilidad para un sector estratégico en Aragón”, concluyen.