Cataluña constituye la Mesa del Jabalí para reducir los conflictos derivados de su sobreabundancia

El Gobierno de la Generalitat ha celebrado hoy por primera vez la Mesa Estratégica de los Conflictos del Jabalí en Cataluña, un nuevo órgano estable concebido como espacio de diálogo, coordinación y toma de decisiones para afrontar de forma integral los problemas derivados de la sobreabundancia de esta especie en el territorio.

La sesión inaugural, celebrada en el Palau de la Generalitat, ha estado presidida por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y ha contado con la asistencia del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Óscar Ordeig. En el encuentro han participado también representantes de las administraciones públicas, la comunidad científica, el sector primario, el sector cinegético, entidades de conservación y protección animal, gestores de infraestructuras y representantes del ámbito local.

La creciente presencia del jabalí tiene un impacto directo sobre la seguridad de las personas, la actividad agraria, la biodiversidad y la convivencia en pueblos y ciudades. Esta situación exige respuestas coordinadas, basadas en el conocimiento y compartidas entre todos los agentes implicados. Desde el Gobierno se subraya que el objetivo no es eliminar la especie ni comprometer su viabilidad, sino reducir los conflictos asociados y garantizar una gestión sostenible y socialmente aceptada.

En la actualidad, Cataluña registra una densidad media de unos 6,300 euros por km^², con una población reproductora estimada en torno a los 125.000 animales y una población máxima que podría alcanzar los 180.000 ejemplares. Esta realidad se traduce en daños significativos a los cultivos, riesgos sanitarios, impactos sobre la biodiversidad y un aumento de los accidentes de tráfico. Solo en 2024, el jabalí estuvo implicado en más de 3.400 siniestros en carreteras y vías ferroviarias.

El consejero Óscar Ordeig explicó que la creación de la Mesa del Jabalí responde a la necesidad de mejorar la toma de decisiones públicas, integrar el conocimiento científico y técnico y consensuar actuaciones adaptadas a cada contexto territorial. En este sentido, afirmó: “hay que actuar sobre el conocimiento de las poblaciones, la prevención de los daños, el control de densidades en zonas de riesgo y la mejora de la convivencia en entornos urbanos y periurbanos”.

Durante la reunión se presentó un diagnóstico actualizado de la situación del jabalí en Cataluña, en el que se constató que, aunque la caza continúa siendo la principal herramienta de control, es necesario complementarla con otras medidas. En la temporada 2024-2025 se capturaron más de 63.000 jabalíes y, a lo largo del año, se autorizaron cerca de 1.500 actuaciones excepcionales para prevenir daños, con más de 6.000 ejemplares capturados fuera del periodo ordinario.

Entre los objetivos prioritarios que se abordarán en el seno de la Mesa figuran la mejora del conocimiento y el seguimiento de las poblaciones de jabalí, la definición de objetivos de captura y planes de control en zonas de alta conflictividad, el refuerzo de las medidas de prevención de daños en el sector agrario —incluidas ayudas para la protección de cultivos—, el impulso de actuaciones específicas en entornos urbanos, zonas de seguridad e infraestructuras viarias, la reducción de los riesgos sanitarios mediante la vigilancia y el control de enfermedades, así como el fomento de la valorización de la carne de caza y la correcta retirada de los animales capturados.

El turno abierto de intervenciones permitió a los participantes señalar los elementos que consideran clave para alcanzar estos objetivos. Las aportaciones recogidas se organizarán por bloques temáticos y se remitirán a los miembros de la Mesa para su valoración y desarrollo en próximas sesiones.

La Mesa del Jabalí se reunirá de forma ordinaria al menos dos veces al año y tendrá continuidad territorial a través de las mesas de daños de fauna cinegética existentes en las veguerías, que pasarán a integrarse como comisiones territoriales. Este nuevo órgano se inscribe en el compromiso del Gobierno con unas políticas públicas basadas en la evidencia, la participación y la transparencia.