Vox se queda con la Consejería de Agricultura tras el pacto de Gobierno en Castilla y León: Volverá a tener la sanidad animal en sus manos

El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco, ganador de las recientes elecciones autonómicas en Castilla y León, ha alcanzado este miércoles 3 de junio un acuerdo con Vox para la formación de un nuevo Gobierno de coalición.

Como parte del pacto, los populares han cedido a la formación liderada por Santiago Abascal varias consejerías, entre ellas la de Agricultura, un departamento con importantes competencias en materia de ganadería y sanidad animal.

La decisión supone el regreso de Vox a una consejería que ya gestionó entre 2022 y 2024, antes de que el partido rompiera en julio de 2024 sus acuerdos de Gobierno con el PP en varias comunidades autónomas, incluida Castilla y León.

La etapa anterior de Vox al frente de la Consejería de Agricultura estuvo marcada por diversas controversias relacionadas con la gestión de la sanidad animal. Durante ese periodo, la cartera estuvo dirigida por Gerardo Dueñas, que tomó posesión como consejero el 29 de abril de 2022.

Uno de los primeros focos de tensión surgió tras el cese del veterinario Agustín Álvarez Nogal como director general de Producción Agropecuaria el 10 de mayo de 2022.

La demora en el nombramiento de un sustituto generó inquietud entre los ganaderos, especialmente en un momento en el que existía preocupación por un posible repunte de la tuberculosis bovina en la provincia de León. Posteriormente, Dueñas nombró para el cargo a Teresa Rodríguez Vidal, ingeniera agrónoma.

LA POLÉMICA POR LA TUBERCULOSIS BOVINA

Sin embargo, el episodio más controvertido de la gestión de Vox llegó en mayo de 2023, cuando la Consejería aprobó una orden que flexibilizaba los saneamientos ganaderos frente a la tuberculosis bovina.

La medida, alineada con la postura defendida por Vox de apostar por el control de la enfermedad en lugar de su erradicación, provocó una rápida reacción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que respondió limitando el movimiento de ganado bovino procedente de Castilla y León.

Desde el Ministerio se argumentó que la decisión autonómica vulneraba la normativa estatal y europea sobre erradicación obligatoria de la tuberculosis bovina y ponía en riesgo el estatus sanitario de explotaciones tanto de Castilla y León como del resto de España y de la Unión Europea.

Asimismo, el Gobierno central señaló que la Comisión Europea había instado a España a adoptar medidas para evitar la propagación de la enfermedad tras conocer la resolución aprobada por la Junta.

TENSIONES CON GANADEROS Y VETERINARIOS

La crisis derivó en una etapa de fuertes tensiones entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno central, pero también entre parte del sector ganadero y los responsables de sanidad animal de la comunidad.

Durante aquellos meses se produjo incluso un intento de asalto a la Delegación Territorial de Castilla y León en Salamanca por parte de un grupo de ganaderos. Tras estos hechos, el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León salió públicamente en defensa del jefe de Sanidad Animal de Salamanca ante lo que calificó como “continuos ataques y amenazas”.

La organización colegial expresó además su preocupación por la flexibilización de los saneamientos, al considerar que presentaba carencias técnicas y jurídicas y que contravenía la normativa española y comunitaria en materia de control y erradicación de la tuberculosis bovina.

LA REFORMA DE LA LEY DE SANIDAD ANIMAL

Otra de las iniciativas que generó debate durante la gestión de Vox fue la reforma de la Ley de Sanidad Animal de Castilla y León, impulsada en junio de 2024.

Entre las medidas incluidas figuraba la creación de la figura del veterinario autorizado, que permitiría a veterinarios privados realizar saneamientos ganaderos. La propuesta fue recibida con críticas por parte del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León.

Su entonces presidente, Luciano Díez, cuestionó el cambio de modelo al pasar de un sistema en el que los saneamientos eran realizados por veterinarios oficiales y por empresas contratadas por la Administración a otro en el que los ganaderos podrían contratar directamente a veterinarios habilitados por la Consejería.

Además, desde el Consejo Regional se mostró preocupación por la falta de concreción de la normativa respecto a los posibles conflictos de intereses que podrían afectar a estos profesionales y sobre quién sería el encargado de supervisarlos.