Desde el Grupo Parlamentario han registrado una proposición de ley orgánica que pide la derogación de la Ley de protección, derechos y bienestar de los animales
Vox exige la derogación de la Ley de Bienestar Animal
Desde el Grupo Parlamentario han registrado una proposición de ley orgánica que pide la derogación de la Ley de protección, derechos y bienestar de los animales
Redacción -
27-12-2023 - 12:28 H - min.
El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una proposición de ley orgánica para la protección de los animales. “Se trata de una iniciativa que busca recobrar el sentido después de haber legislado acorde al ecologismo radical y el animalismo”, apuntan desde el grupo.
En su texto, el GP Vox indica que el maltrato animal es un “mal social, ya que constituye una conducta profundamente incívica y denigrante de la dignidad moral del hombre, responsable del cuidado de los animales y del entorno natural”.
Además, señala que la reforma que promovió el Gobierno en la pasada legislatura del código penal en materia de maltrato animal resultó innecesaria: “Su anterior redacción ya castigaba el maltrato de los animales. Lo hacía distinguiendo las consecuencias jurídicas de la acción delictiva en función del tipo de animal, porque entendía que el cuidado de los animales domésticos y salvajes ha de ser distinto”.
La redacción también defiende que existe una “conexión necesaria entre los derechos de las personas y los deberes de las personas”. “Así, los animales, al ser seres distintos a las personas humanas, no son sujetos de derecho pues son los humanos quienes tienen el deber de cuidar de ellos”, afirman desde Vox.
A esto se suma la perspectiva con la que el Gobierno impulsó la ley orgánica 3/2023 y la ley 7/2023 que, en palabras de Vox, “incorporan el reconocimiento de supuestos derechos de los animales y un régimen desproporcionado de las penas aparejadas al maltrato animal”. Además, “sólo concibe la sostenibilidad de la acción humana y la relación del hombre con el medio natural desde los postulados del animalismo”.
La formación recoge también las sucesivas advertencias que se formularon por parte del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado a modo de informes. Así, se señala que el CGPJ ya advirtió sobre “la incidencia en el principio de proporcionalidad de las penas y de los evidentes problemas que acarrearía el reconocimiento como bien jurídico protegido de todo y cualquier ‘animal vertebrado’”. La Fiscalía General del Estado también se manifestó en contra la norma por déficits en la regulación como que se deja sin castigo el maltrato sin lesión.
El partido señala que la nueva redacción incurre también en “una grave vulneración del principio de proporcionalidad, toda vez que las penas que se establecen para el delito de maltrato de animales coinciden en buena parte con las previstas en el CP para el delito de lesiones a humanos”, tal y como admitió el CGPJ en su informe.
Además de todo lo relatado anteriormente, la iniciativa asume que el argumento de la homologación europea sobre el que se apoyaban los impulsores de la ley es erróneo: “La exposición de motivos de la norma invoca la necesidad de garantizar la protección de los animales en general y, particularmente, de los animales que viven en el entorno humano, en tanto que seres dotados de sensibilidad cuyos derechos deben protegerse, tal y como recogen el artículo 13 del [TFUE] y el Código Civil español”.
Sin embargo, “el mencionado precepto refiere: ‘la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional’”. Por ello, Vox apunta que el texto en cuestión no habla de los derechos de los animales, sino que se refiere a materias específicas como la agricultura, la pesca, el transporte o la investigación.
Por todo ello, concluye el texto, “así como por la deficiente y perjudicial regulación de las materias a las que resulta de aplicación, se hace necesaria la derogación inmediata de esta ley”.