Reclaman al Gobierno un sistema similar al de las farmacias de guardia para las urgencias veterinarias evitando recargos adicionales

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley relativa a modificar la Ley de Bienestar Animal para que las comunidades autónomas puedan regular la existencia de servicios de urgencias veterinarias de guardia, para su debate en Comisión.

“El bienestar animal, conforma un pilar fundamental en las sociedades avanzadas y actuales, en las que se reconoce el derecho de los animales a recibir la atención adecuada a sus necesidades, y especialmente en situaciones de urgencia en las que la salud o vida del animal pueda estar comprometida. En este sentido, la reciente Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, representa un avance significativo en la protección y defensa de los derechos de los animales”, remarcan en la proposición.

Sin embargo, consideran desde el grupo parlamentario, existen situaciones en las que para los propietarios es imposible poder dotar a su mascota de las necesidades que requiere, tanto por falta de servicios de urgencias en determinadas zonas, como por el coste que supone el acceso a las urgencias veterinarias.

“Esto pone de manifiesto que existe una carencia relevante en la normativa vigente: la ausencia de una regulación que garantice la existencia de servicios veterinarios de urgencia accesibles para la atención inmediata de animales en situaciones críticas. Este vacío normativo genera desigualdad territorial en el acceso a estos servicios, dejando a muchos animales desprotegidos en momentos clave para su salud y bienestar”, denuncian.

A este respecto, plantean como solución establecer en las comunidades autónomas un sistema similar al modelo de farmacias de guardia para las urgencias veterinarias, de forma que este servicio se encuentre regulado para que, “igual que se garantiza la disponibilidad de medicamentos y asistencia farmacéutica en cualquier momento, se establezca un sistema similar en el ámbito de los servicios veterinarios”.

“Esta propuesta no solo reforzaría el bienestar animal, sino que también contribuiría a la salud pública al facilitar el tratamiento inmediato de posibles zoonosis o enfermedades transmisibles”, recalcan.

Por todo ello, el grupo parlamentario considera pertinente instar al Gobierno de España a incluir una disposición en la Ley de Bienestar Animal que obligue a las comunidades autónomas a regular la existencia de servicios de urgencias veterinarias de guardia en todo el territorio nacional, garantizando así un acceso equitativo y eficiente a estos servicios esenciales.

GARANTIZAR QUE LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE URGENCIA DE GUARDIA NO INCLUYAN RECARGOS ADICIONALES

Concretamente, la Proposición no de Ley busca que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno de España, en primer lugar, a modificar la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, para incluir una disposición que establezca la obligatoriedad para las comunidades autónomas de desarrollar una normativa que garantice la existencia de servicios veterinarios de urgencia de guardia en sus respectivos territorios.

Además, instan a asegurar que esta nueva regulación contemple criterios similares a los aplicados en el sistema de farmacias de guardia, incluyendo la obligación de ofrecer disponibilidad de servicios veterinarios de urgencia en horarios no habituales; la coordinación de turnos de guardia entre clínicas veterinarias privadas y centros públicos, si los hubiera; y el acceso universal y equitativo a estos servicios, independientemente de la ubicación geográfica.

En tercer lugar, reclama garantizar que “las tarifas aplicadas por los servicios veterinarios de urgencia de guardia no incluyan recargos adicionales por la condición de ‘urgencia’, evitando así que el coste económico sea un obstáculo para los propietarios de animales a la hora de acudir a estos servicios”.

Por otro lado, pide desarrollar una estrategia de coordinación con las comunidades autónomas para facilitar la implementación homogénea de esta normativa, respetando sus competencias y particularidades territoriales.

Asimismo, la proposición insta a promover mecanismos de colaboración público-privada para garantizar la viabilidad económica y operativa de los servicios veterinarios de guardia, evitando cargas desproporcionadas sobre los profesionales del sector, y a promover la inclusión en el Plan Estatal de Protección animal la prestación de servicios veterinarios.