Proposición para frenar la cotización de las prácticas veterinarias

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso ha presentado este martes 5 de marzo una Proposición no de ley (PNL) que quiere derogar la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre “para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo”, que obliga a que los alumnos universitarios, incluidos los de Veterinaria, coticen a la seguridad social por sus prácticas no remuneradas.

Asimismo, en el texto de la PNL, el grupo parlamentario ofrece una alternativa a la derogación: establecer una bonificación del 100% de las cuotas de cotización a la Seguridad Social para los alumnos de estas prácticas no remuneradas.

El documento, registrado por los diputados Silvia Valmaña Ochaíta y Javier Ruano García, así como por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, explica en su exposición de motivos que les “sorprende” que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Ministerio de Educación y Formación Profesional “hayan podido avalar esta disposición” y que no la hayan consultado con la comunidad educativa y universitaria.

El GPP recuerda que, en este mismo sentido, solicitó la comparecencia del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y de la ministra de Educación y Formación Profesional en el Congreso, Isabel Celaá.

Sin embargo, apunta que hasta la fecha solo ha comparecido Celaá, que para los populares “no pudo ofrecer una respuesta satisfactoria y resolutoria sobre el asunto”. De hecho, el grupo popular destaca que la propia ministra “mostró su desacuerdo” con el contenido del Real Decreto-ley.

“La aprobación de esta norma ha suscitado una importante controversia en el ámbito universitario no solo por la forma sino también por el fondo de la misma”, asegura el Partido Popular, que recuerda que la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ya reaccionó contra la norma y emitieron un comunicado advirtiendo que la ley podría “acarrear serias dificultades tanto para los estudiantes, que vean mermada su oferta de prácticas, como para las universidades”.

En cuanto al coste, el grupo popular recoge datos del propio Gobierno, que calcula el gasto de la medida en 74,46 millones de euros, y en 534.000 los estudiantes afectados. “Si lo que pretendía el Gobierno era facilitar la labor de la Inspección de Trabajo para controlar si las tareas de los estudiantes son laborales o formativas, no parece que sea adecuado hacerlo a costa de la calidad del sistema universitario y educativo”, concluyen, añadiendo que es una medida “que no está consensuada con nadie y que no agrada a nadie”.