PP y PSOE rompen su consenso sobre la ley para que los animales dejen de ser 'cosas'

En abril, el Congreso de los Diputados aprobaba en sesión plenaria la tramitación de la Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales.

La intención de la reforma es que en los procesos jurídicos se tenga en cuenta la condición de seres sintientes de los animales, y se incluyan modificaciones relativas a distintos procesos como los divorcios o los embargos para que se les trate como “seres sensibles” y no como “cosas”.

Se trata de una proposición impulsada por el Partido Socialista y Unidas Podemos, que recoge el testigo de un proyecto aprobado por unanimidad a finales de 2017 encabezado por el Partido Popular, pero que no terminó su tramitación a tiempo antes de que se convocaran elecciones anticipadas y la correspondiente disolución de las cortes en marzo de 2019.

Este martes 5 de octubre, tras el nuevo paso por el Congreso, donde consiguió el voto a favor de toda la cámara a excepción de Vox, la proposición ha continuado su tramitación y ha sido aprobada en la Comisión de Justicia con 22 votos a favor y 14 en contra. Sin embargo, en esta ocasión el consenso se ha terminado de romper, pues el Partido Popular, a pesar de su apoyo desde el principio de esta iniciativa, incluido el debate en el pleno del Congreso, ha decidido votar en contra.

Ahora, el informe elaborado por la ponencia y las enmiendas acordadas, serán remitidos al Senado, para que la ley continúe su tramitación parlamentaria. Precisamente, ha sido la profundidad de las modificaciones en el proyecto que han generado estas enmiendas lo que el Partido Popular ha alegado para retirar su voto al texto final.

En este sentido, la diputada del PP María Teresa Angulo ha lamentado que se hayan perdido de vista los objetivos originales de este proyecto, que ya estaba muy avanzado cuando decayó en 2019 por la disolución de las Cortes, y que pretendía conseguir que los animales fueran inembargables.

El problema para Angulo es que en la tramitación que se ha llevado a cabo estos meses desde que apoyaron el proyecto de PSOE y Podemos —que coincidía en su mayor parte con el de la pasada legislatura— ha introducido modificaciones “sustanciales” respecto a lo ya consensuado.

Una serie de modificaciones vía enmienda que para el Partido Popular, que ha insistido en que siempre han tenido “sincero interés” en el que el proyecto saliera adelante, les “obligan a votar en contra”, pues temen que al no contar con aval técnico podrían tener consecuencias inesperadas a nivel jurídico y además distorsionan el espíritu original de la norma, especialmente en el derecho de familia.

Es por esto por lo que han lamentado que el texto se haya convertido en un “instrumento ideológico” y haya dejado de ser una herramienta “útil y clara” como se había ideado en un principio. “Los animales de compañía no tienen ideología”, ha asegurado Angulo, que ha adelantado que seguirán trabajando en la norma en el Senado.

Por parte del Partido Socialista, Sandra Guaita, ha celebrado, en la línea con el resto de partidos —a excepción de Vox— que este proyecto termine saliendo adelante. “Es un gran día para los animales”, ha afirmado.

Asimismo, respecto a las enmiendas, ha señalado que el texto que se consensuó en la anterior legislatura era “un punto de partida”, y ha insistido, —como han hecho también los representantes del Grupo Parlamentario Plural y del Grupo Parlamentario Republicano— en la necesidad de que se tengan en cuenta asuntos como la violencia de género, para que no se pueda utilizar a los animales como herramienta para dañar a mujeres o hijos.

Además, ha celebrado otras de las modificaciones vía enmienda que se han podido incluir durante un proceso de tramitación en el que ha asegurado que se ha hablado con todos los grupos “hasta última hora” para conseguir un texto con el máximo consenso posible, como es el hecho de que se incluya también a los animales de compañía en los testamentos.

El acuerdo ha sido por tanto el objetivo de los impulsores de la iniciativa, ha defendido. “Si algún grupo ha decidido saltar nos tendrá que explicar el porqué”, ha afirmado Guaita, que  ha asegurado que el resto de partidos que votarán a favor siguen “en el mismo sitio”. “El PP está más preocupado de mirar  a su extrema derecha que por los derechos de los animales”, ha añadido.

VOX VUELVE A SITUARSE EN CONTRA

Respecto al resto de intervenciones durante la comisión, todo ha seguido la línea de lo ya visto en el pleno del Congreso en abril: apoyo unánime a la proposición a excepción de Vox. Así, Guillermo Díaz Gómez, de Ciudadanos, ha celebrado que con esta modificación se pueda romper con “absurdos” como que un animal sea embargable o se considere equipaje en un accidente de tráfico.

Por su parte, Pilar Calvo, portavoz del Grupo Parlamentario Plural ha confiado en que 2021 pueda pasar a ser, a pesar de todo lo malo que ha sucedido, el año en que se dejó de considerar cosas a los animales, como así era desde hace años en países del entorno como Austria o Alemania.

En la misma línea, Francesc Xavier Eritja, del Grupo Parlamentario Republicano ha transmitido su apoyo a esta modificación, pero sobre todo con toda la batería de proyectos para proteger a los animales que se avecina.

Sofía Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, ha considerado este proyecto como un “salto de paradigma”, aunque ha lamentado que no se haya podido conseguir el consenso de la anterior legislatura. No obstante, ha celebrado la “celeridad” del debate en comisión.

Ha vuelto a ser Vox el partido que más ha manifestado su oposición contra la modificación. A este respecto, el diputado José María Sánchez García ha sido el que ha transmitido la posición de su partido, que ha señalado que es básicamente la misma que la mostrada en el debate en pleno.

Así, han insistido en que se trata de una proposición de ley de “ideología animalista”, que “sorprendentemente comparten todos los grupos menos Vox”. Asimismo, han asegurado que la propuesta supone un “trastorno de la legislación vigente” y es de “escaso rigor legislativo” al incluir numerosas contradicciones e incoherencias.

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