Plantean en el Congreso regular los servicios veterinarios de urgencia para que funcionen igual que las farmacias de guardia

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido García, ha registrado una pregunta escrita en el Congreso de los Diputados dirigida al Gobierno en la que advierte de una “carencia relevante en la normativa vigente” por la ausencia de una regulación específica que garantice la existencia de servicios veterinarios de urgencia accesibles de forma continuada para atender situaciones críticas que puedan comprometer la vida o la salud de los animales.

En el texto, Valido recuerda que la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, ha supuesto “un avance significativo en la protección de los animales en España”, aunque sostiene que el actual marco legal presenta vacíos en relación con la atención veterinaria urgente.

La diputada señala además que “este vacío normativo genera desigualdades territoriales en el acceso a dichos servicios, dejando a numerosos animales sin atención inmediata en momentos determinantes”. Asimismo, apunta que “modelos ya existentes como el sistema de farmacias de guardia podrían servir de referencia para estructurar un sistema equivalente en el ámbito veterinario”.

Por ello, Coalición Canaria pregunta al Gobierno si tiene previsto “modificar la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, o adoptar alguna otra iniciativa normativa” para “establecer la obligatoriedad de que las comunidades autónomas regulen la existencia de servicios veterinarios de urgencia de guardia en sus respectivos territorios”.

También plantea “garantizar que dichos servicios funcionen con criterios similares a los de las farmacias de guardia, incluyendo disponibilidad en horarios no habituales, coordinación de turnos y acceso equitativo en todo el territorio”.

Entre las medidas planteadas, la diputada pregunta igualmente si el Ejecutivo contempla “evitar que las tarifas de estos servicios incluyan recargos adicionales por la condición de urgencia”, así como “impulsar mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas que aseguren una implementación homogénea respetando sus competencias” y “promover fórmulas de colaboración público-privada que garanticen la viabilidad económica de estos servicios sin generar cargas desproporcionadas para los profesionales del sector”.