Planas prepara su salida rumbo a la FAO en plena crisis de la sanidad animal en España

Este jueves 23 de julio se ha conocido la noticia de que el Gobierno de España ha propuesto a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, para optar a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Se trata de una decisión similar a la adoptada recientemente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el ministro de Agricultura, Luis Planas, propuesto para el cargo de director general de la FAO —Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura—, cuyas elecciones están previstas para mediados de 2027. 

Una misión para la que cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez, quien decidió acompañarle a Roma en mayo para reforzar su perfil internacional de cara a la FAO, en una visita marcada también por la actualidad política en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que el ministro trasladó su respaldo al asegurar que compartía “íntegramente” las palabras de Sánchez y destacar el “aprecio” de sus compañeros del PSOE.

Con el apoyo de Sánchez a la candidatura de Planas para dirigir la FAO, se abría de forma más o menos oficial un periodo en el que el ministro ha estado especialmente volcado en impulsar su candidatura internacional.

Durante los últimos meses ha asistido a reuniones cuyo contenido no ha sido detallado públicamente, como la que mantuvo con los representantes del Grupo Regional Africano de la FAO, así como con los de Australia, Islandia, Noruega y, por otro lado, con los de Tanzania, Canadá, India, Kenia y Estados Unidos.

Todo esto ha tenido lugar en un contexto en el que la sanidad animal española no atraviesa su mejor momento, encontrándose asediada por una lista de enfermedades entre las que se encuentran la peste porcina africana (PPA), la enfermedad de Newcastle y la lengua azul, cuya situación epidemiológica ha obligado a Europa a modificar su categorización sanitaria debido a la dificultad de aplicar programas de erradicación frente a este virus ampliamente extendido y con circulación persistente.

LA PPA NO DA TREGUA EN CATALUÑA Y SU ORIGEN SIGUE SIENDO UNA INCÓGNITA

Una de las peores noticias que ha recibido la sanidad animal española en los últimos tiempos ha sido el retorno de la peste porcina africana, que llevaba más de 30 años sin estar presente en España.

Los primeros focos se detectaron en jabalíes de Barcelona el pasado mes de noviembre de 2025, en las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde está ubicado el centro de investigación IRTA-CReSA.

En este sentido, hay que recordar que la cercanía de los brotes al IRTA-CReSA hizo saltar las alarmas y se puso sobre la mesa la posibilidad de que el virus se pudiera haber escapado de un laboratorio. Ante esta posibilidad se han realizado auditorías e investigaciones judiciales, que siguen su curso, para determinar el origen del brote.

Tras detectarse la circulación del virus, que de momento solo afecta a jabalíes silvestres, las autoridades españolas se afanaron en controlarlo, por la repercusión internacional y económica que la presencia de la PPA en España tiene para el sector porcino, cuyos ganaderos estiman haber perdido ya 1.000 millones de euros.

En cuanto a los ganaderos, en medio de la crisis causada por la PPA, diferentes organizaciones agrarias han alzado la voz para criticar la situación. Así, desde Asaja alertaron del gran aumento de las poblaciones de jabalí en las últimas décadas y reclamaron medidas urgentes que permitan controlar las poblaciones de este animal y proteger la viabilidad de las explotaciones de porcino.

Para combatir el desastre causado por la aparición de la enfermedad en Cataluña, desde el Gobierno de la Generalitat se pusieron en marcha efectivos propios y se acotaron diferentes áreas de la provincia de Barcelona. Por parte del Gobierno central, desde el Ministerio de Agricultura se nombró un comité científico para el asesoramiento del brote de peste porcina africana.

Este comité ya ha publicado dos informes, el primero, sobre el origen de la llegada del virus, en el que se ponían sobre la mesa diferentes hipótesis, pero no se concluía nada en concreto. Más recientemente se publicaba el segundo informe, no exento de polémica, pues algunas voces criticaban que, al parecer, no reflejaba con la suficiente claridad la verdadera situación de la PPA en España.

En él se admitía, no obstante, que “ninguna de las principales medidas de control (barreras, vigilancia epidemiológica, eliminación de cadáveres y reducción de población de jabalíes) ha logrado aplicarse hasta el momento con toda la intensidad deseable”, y se llamaba al resto de España a prepararse.

Ante toda esta situación, el pasado mes de junio, desde Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos hicieron público su malestar, pidiendo “seriedad, rigurosidad y coordinación para poder contener el virus de verdad”. “Hemos ofrecido nuestra colaboración desde el primer día, pero no podemos hacer las políticas nosotros”, lamentaron.

A la espera de ver cómo evoluciona la expansión del virus de la PPA en España, lo cierto es que no dejan de detectarse casos en Cataluña todas las semanas, y el saldo ronda ya los 400 positivos en un total de 13 municipios de la provincia de Barcelona.

LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE AVANZA IMPARABLE POR CASTILLA Y LEÓN

Además de la peste porcina africana, el sector ganadero español se enfrenta también a la enfermedad de Newcastle, que no se detectaba desde 2022 y que está poniendo en jaque al sector avícola de Castilla y León, donde parece que no deja de extenderse.

En este sentido, hay que recordar que esta enfermedad se detectó en diciembre del 2025 en la Comunidad Valenciana, que este 2026 notificó 6 focos —el último en el mes de mayo—. Posteriormente, la enfermedad llegó a las granjas de la provincia de Valladolid con una intensidad sin precedentes, aunque la secuenciación parcial del virus ha mostrado que en este caso pertenece al genotipo VII.2, un subtipo diferente al detectado en los focos de Valencia.

Durante las últimas semanas, el virus no se ha detenido y ya no afecta solo a las granjas vallisoletanas; ha saltado a las de otras provincias de la región, habiéndose detectado ya focos en Zamora, Segovia, Ávila y Salamanca.

Con este escenario, la expansión de la enfermedad se ha convertido en una preocupación para el Gobierno regional, que ya ha preparado planes de vacunación, y cuyo consejero de Agricultura, el veterinario Joaquín Antonio Pino, criticó, además, la “insuficiente” financiación por parte del MAPA.

La situación ha generado también inquietud en otras regiones de España y, por ejemplo, Castilla-La Mancha estudia ya posibles medidas, como la vacunación obligatoria como mecanismo de control de la enfermedad, para prevenir su expansión por la comunidad.

Por su parte, en la Comunidad Valenciana, donde llevan sin notificarse focos desde mayo, la Consellería de Agricultura ha publicado una resolución para reforzar la vigilancia epidemiológica, evaluar el estado inmunitario de las aves y controlar los posibles reservorios del virus.

De momento, las autoridades españolas llevan ya notificados en torno a una treintena de focos de enfermedad de Newcastle, de los que solo 6 corresponden a Valencia y el resto a Castilla y León.

LENGUA AZUL: CAMBIO DE CATEGORÍA, VACUNACIÓN VOLUNTARIA Y NUEVA NORMATIVA

Otra de las enfermedades a las que está haciendo frente el sector de la salud animal de España es la lengua azul, que da muestras de haber llegado para quedarse. De hecho, a comienzos de año, desde la Comisión Europea se aprobó una modificación de su categorización sanitaria, que deja de estar sujeta a programas de erradicación voluntaria y pasa a considerarse exclusivamente como enfermedad de categoría D+E dentro del marco de la legislación europea de sanidad animal.

La modificación de la categoría llegaba después de que distintas comunidades autónomas y autoridades nacionales trasladaran a Bruselas la dificultad de aplicar programas de erradicación frente a una enfermedad ya ampliamente extendida y con circulación persistente.

Según indicaron desde la Comisión, la experiencia acumulada ha puesto de manifiesto que las medidas asociadas a la categoría C —en particular los programas de erradicación— presentan una “eficacia y viabilidad limitadas” en el caso de la lengua azul.

Ante esta nueva realidad, desde Agricultura se anunció en el mes de marzo que España mantendría en 2026 la vacunación voluntaria frente a lengua azul pese a la intensa circulación del virus. Ya en el mes de junio, el MAPA sacaba a consulta pública la adaptación de la normativa española de lengua azul tras el cambio de categoría de la enfermedad en la UE.

Esta adaptación establece un marco regulatorio más flexible para la gestión de la enfermedad y alinea los requisitos con los de la enfermedad hemorrágica epizoótica, debido a las similitudes epidemiológicas entre ambas.

La propuesta planteaba mantener la estrategia actualmente vigente frente a la enfermedad, basada en la vigilancia, la vacunación y el control de movimientos de animales sensibles, aunque adaptándola al nuevo escenario regulatorio europeo.

PROTESTAS CONTRA LA NORMATIVA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Además de estas enfermedades, el sector de la salud animal de España tiene actualmente otros problemas, como la normativa sobre medicamentos veterinarios, que se ha convertido en uno de los caballos de batalla de la profesión veterinaria española.

Y es que el Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios y obliga a comunicar el uso de antibióticos en pequeños animales a Presvet, generó un enorme malestar entre los veterinarios.

Por ello, la profesión en bloque no ha dudado en salir a las calles de toda España a protestar en manifestaciones multitudinarias, una de ellas frente a las puertas del propio Ministerio de Agricultura en Madrid y, de hecho, no se descartan nuevas movilizaciones a la vuelta del verano.

En el contexto de las manifestaciones y con el sector veterinario en pie de guerra, se produjo también la salida del director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del MAPA, Valentín Almansa, que fue sucedido hace un año por uno de sus subdirectores generales más cercanos, Emilio García Muro, actual titular de la Dirección General.

Tras la movilización del colectivo veterinario, hay que recordar que en el mes de enero se publicó el trámite de audiencia e información públicas del proyecto de modificación del Real Decreto 666/2023. 

Sobre este borrador se manifestó la Organización Colegial Veterinaria Española (OCV), que lamentó que, “a pesar de lo solicitado”, el texto siguiera conteniendo limitaciones en el uso de antimicrobianos y, en lo referido al mecanismo de cesión, mantuviera en la definición del artículo 2 la exigencia de que esta fuera sin ánimo de lucro. Por ello, desde la organización argumentaron que “aún deben producirse cambios con el fin de obtener una regulación del medicamento veterinario adecuada y alineada con la realidad del ejercicio profesional”.

Aparte de este problema, que arrastra el MAPA y la veterinaria española desde hace más de un año, en el pasado reciente, durante el mandato de Planas, la cartera de Agricultura ha tenido que hacer frente a otras crisis de sanidad animal, como la gripe aviar, que golpeó a las granjas e incluso obligó a aplicar el confinamiento, y la llegada al país de enfermedades como la dermatosis nodular contagiosa o la enfermedad hemorrágica epizoótica.

Todo ello sitúa a la sanidad animal española en un momento especialmente comprometido, marcado por diferentes enfermedades que afectan a la cabaña ganadera, por importantes cambios legislativos reclamados por la profesión veterinaria y por un creciente malestar entre agricultores y ganaderos, también en el ámbito de la seguridad alimentaria.

Será en 2027 cuando se conozca si la candidatura de Planas culmina con su elección al frente de la FAO, mientras la sanidad animal española continúa afrontando importantes retos.