El Parlamento de Navarra pide financiación estable para que los ayuntamientos puedan cumplir las nuevas obligaciones de la ley estatal de bienestar animal

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales ha trasladado a los ayuntamientos un conjunto de obligaciones permanentes en materia de recogida, atención y gestión de animales abandonados o extraviados, incluyendo la necesidad de garantizar servicios continuos y cobertura veterinaria urgente.

Este marco, ha intensificado el debate sobre la capacidad real de las entidades locales para asumir estas exigencias sin una financiación estructural suficiente, especialmente en municipios pequeños o con menor disponibilidad de recursos.

En este contexto, la comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha aprobado este miércoles 23 de abril, con los votos a favor de UPN, PPN y el grupo Mixto y las abstenciones de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “establecer una línea de financiación directa y estable para las Mancomunidades que gestionan centros de protección animal, basada en el principio de responsabilidad compartida que emana de la Ley Foral 19/2019.

Esta financiación debe cubrir los gastos de gestión operativa (personal, atención veterinaria 24h y mantenimiento) derivados de las nuevas exigencias legales, evitando que la carga recaiga únicamente en las arcas locales.

La resolución aprobada, en un segundo punto, emplaza al Ejecutivo Foral a impulsar la creación de centros de protección animal en las zonas donde actualmente no existen, Zona Norte, Estella y Sangüesa, para garantizar la igualdad territorial.

“Este despliegue se basará en un modelo de centros comarcales de urgencia y corta estancia (máximo 60 días) para la gestión local inmediata, convirtiendo de forma efectiva el actual Centro de Protección de Animales del Gobierno de Navarra en el centro de referencia de larga estancia para toda la Comunidad Foral”, señala el texto.

Por último, se conmina al Gobierno de Navarra a “suscribir un convenio de colaboración común con todas las mancomunidades que presten el servicio, unificando los protocolos de actuación y gestión”.

Asimismo, se insta a la creación de una plataforma de adopción única y pública a nivel foral que centralice la información de todos los centros, garantizando que cualquier animal recuperado en Navarra tenga las mismas oportunidades de encontrar un hogar, independientemente de la comarca donde haya sido recogido.

UN COSTE “INASUMIBLE” 

En la exposición de motivos, la moción impulsada por el G.P. UPN explica que la entrada en vigor de la Ley Foral 19/2019, de protección de los animales de compañía en Navarra y de la Ley estatal 7/2023 ha generado un nuevo marco de obligaciones para las entidades locales que, en la práctica, “resulta inasumible sin un soporte técnico y financiero directo del Gobierno de Navarra”.

Según se añade, el modelo descansa sobre el esfuerzo exclusivo de los ayuntamientos que delegan el servicio en el centro mancomunado de la Ribera, el centro del Ayuntamiento de Pamplona, así como en los ayuntamientos de otras zonas de Navarra, que contratan estos servicios a entidades externas para poder cumplir la ley foral, “produciendo un agravio comparativo con los que reciben el servicio desde el Centro de Protección Animales del Gobierno de Navarra ubicado en Etxauri”.

El grupo proponente entiende que, aunque la competencia de recogida es municipal, según el artículo 15 de la Ley Foral 19/2019, la propia ley y su reglamento exigen estándares de bienestar e infraestructuras que los pequeños municipios no pueden costear por sí solos. Por ello, aboga por pasar de un modelo de "ayudas puntuales" a un sistema de financiación estructural mediante convenios de colaboración que garanticen la suficiencia presupuestaria para la gestión diaria, y no solo para inversiones aisladas.