La Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular pide también la rebaja del 21% del IVA aplicable a los servicios veterinarios para animales de compañía
El Parlamento balear pide al Gobierno de España reformar la normativa de medicamentos veterinarios con la abstención del PSOE
La Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular pide también la rebaja del 21% del IVA aplicable a los servicios veterinarios para animales de compañía
Chema Muñoz -
13-05-2025 - 16:39 H - min.
Este martes 13 de mayo, el Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por el diputado Rafael Nadal del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. En la misma, y entre otros puntos, Nadal ha defendido instar al Gobierno de España a establecer una mesa de diálogo con los colegios profesionales veterinarios, con las asociaciones protectoras de animales y con las administraciones públicas autonómicas.
En palabras del representante ‘popular’, el objetivo de esta primera propuesta —aprobada por unanimidad— es “garantizar que se respete el criterio profesional veterinario y se reduzca la burocracia, mediante la revisión y la simplificación de la legislación vigente”.
Asimismo, se ha propuesto otra batería de puntos relacionados con el tema, que también ha sido aprobada por el Parlamento, aunque no por mayoría (31 votos a favor —incluidos los del Grupo Popular, VOX, Buades, Cardona y Mixto-Córdoba—, un voto en contra del grupo Mixto-Unidas Podemos y 22 abstenciones por parte de los grupos Socialista, MÁS por Mallorca y MÁS por Menorca).
Así, han instado al Ejecutivo central a “una moratoria en la aplicación del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, de tal forma que se puedan adaptar y agilizar los procedimientos, tanto en cuanto a animales de producción como a animales de compañía”.
El texto aprobado también solicita al Gobierno de España la homogeneización del sistema nacional de declaración de antibióticos, con el objetivo de “mejorar su control a través de plataformas digitales y facilitar el cumplimiento normativo tanto a los cuidadores de mascotas como a los ganaderos”.
En otro de sus puntos clave, la propuesta pide la derogación inmediata del actual régimen sancionador vinculado a la notificación de prescripciones de antimicrobianos, contemplado en la ley estatal de sanidad animal. Según el texto, esta normativa debería ser reemplazada por un sistema más equilibrado que respete la proporcionalidad de las sanciones impuestas.
También se reclama una modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015 para reforzar legalmente a los veterinarios, especialmente en lo que respecta a la cesión de medicamentos necesarios para la atención urgente de animales bajo su cuidado. Esta práctica “ya ha demostrado su eficacia”, según argumentan desde el Grupo Parlamentario Popular.
La simplificación de los trámites de importación de medicamentos veterinarios es otro de los ejes del texto aprobado. El Parlamento balear, de esta manera, solicita al Gobierno que “garantice el acceso a tratamientos esenciales respaldados por evidencia científica, evitando que las restricciones normativas obstaculicen la disponibilidad de estos productos”.
Según Rafael Nadal, dado el alto grado de fragmentación del mercado veterinario —por la diversidad de especies animales—, con esta PNL se insta igualmente a revisar el marco regulador actual, “de modo que tenga en cuenta las particularidades del sector en los procedimientos de autorización de medicamentos”.
Otro aspecto abordado es la necesidad de actualizar las fichas técnicas y los prospectos de los medicamentos veterinarios comercializados, con el fin de que reflejen “de forma más precisa” sus usos y aplicaciones, “basándose en investigaciones científicas recientes”.
Finalmente, el Parlamento autonómico pide reducir el IVA del 21% aplicable a los servicios veterinarios para animales de compañía. Según el texto, este impuesto “encarece la atención sanitaria de los animales, penaliza la salud pública e impide a muchos propietarios acceder a tratamientos esenciales”, especialmente en casos de enfermedades zoonósicas.